Rumania critica el blindaje de Italia contra los inmigrantes 'sin papeles'

Rumania criticó ayer abiertamente al Gobierno italiano por su anunciado plan de choque contra la inmigración ilegal y dejó ver su disgusto por las medidas previstas contra los ciudadanos rumanos. Mientras el ministro del Interior italiano, Roberto Maroni, confirmaba que mañana tendrá listas las 40 propuestas que forman el paquete de seguridad del Gobierno de Silvio Berlusconi, entre ellas la que convierte en delito la inmigración clandestina, Bucarest advirtió a Roma de que no tolerará actitudes xenófobas contra sus ciudadanos.

Un estudio calcula que en el país hay al menos 650.000 indocumentados

El primer ministro rumano, Calin Popescu Tariceanu, criticó la debilidad de las fuerzas del orden y de las autoridades italianas, que han aceptado "los campos nómadas que se han convertido en la base de alimento de la delincuencia en Roma y otras ciudades". "¿Por qué no se ha producido en Alemania o Francia una situación similar?", se preguntó Tariceanu. "Porque allí las autoridades intervinieron deprisa, sin hacer declaraciones políticas que alimentaran el debate".

Su ministro de Defensa, Teodor Melescanu, matizó por su parte que el Gobierno rumano cooperará estrechamente con Italia "para que los rumanos honestos que viven en Italia no sean perjudicados", y para evitar que "nazcan sentimientos anti rumanos y xenófobos".

El plan anunciado por el nuevo ministro de Interior italiano pretende limitar el acceso de los gitanos, la mayoría rumanos, al territorio italiano. Aunque Rumania no pertenece al espacio Schengen, que permite viajar sin controles entre los países integrantes, la mayoría de los gitanos rumanos entran libremente en Italia a través de la frontera francesa. Según Cáritas, en Italia viven actualmente 556.000 rumanos.

El plan anunciado por Maroni, el ministro que ha llevado a Roma las vociferantes reivindicaciones y promesas electorales de la Liga Norte, convertirá la inmigración ilegal en un delito que prevé aplicar penas de hasta cuatro años de cárcel para quien intente entrar o se encuentre en Italia sin papeles.

Maroni ha prometido, además, que desmantelará los campamentos de nómadas y que después cerrará las fronteras del país a los gitanos. Su batería de medidas contra la inmigración ilegal se completa con patrullas en aguas internacionales para impedir la llegada de pateras (ayer, dos naves de la Marina desarrollaban ya esa tarea); el aumento del tiempo de detención de los sin papeles hasta los 18 meses, y el endurecimiento de las condiciones de las solicitudes de asilo y del reagrupamiento familiar.

El nuevo ministro de Exteriores, Franco Frattini, reiteró ayer que el Ejecutivo será inflexible con los clandestinos. "Los ciudadanos italianos no reclaman un comportamiento xenófobo o racista del Gobierno que, por otro lado, no adoptaría jamás", aclaró, "pero nos han pedido con su voto una actitud de firmeza". Luego, Frattini enfatizó que algunos delitos imputados a gitanos rumanos "han perturbado notablemente a la opinión pública del país".

La cifra de inmigrantes irregulares que residen en el país se ha duplicado en el último año por una razón fundamental: casi todos tienen trabajo. Un estudio de la Universidad Bicocca de Milán calcula que hay al menos 650.000 inmigrantes viviendo y trabajando en Italia, pero sin permiso de trabajo ni residencia, y que son las regiones del norte más rico las que encabezan la lista. En Roma, la proporción de irregulares es de 10 por cada mil habitantes, frente a los 32 por cada mil habitantes en Brescia o los 17 de Milán.