Algo pasa con Guipúzcoa

Algo le está pasando a Guipúzcoa que le impide salir del atolladero. Una provincia (680.000 habitantes) con una economía sólida y pujante, un elevado nivel de vida y una posición geográfica privilegiada no consigue sacudirse el estado de letargo prolongado en que se encuentran sus proyectos más estratégicos. Lo tuvo que admitir de forma solemne el propio diputado general, el peneuvista Markel Olano, hace sólo seis meses: "En Guipúzcoa va cobrando cada vez más fuerza la idea de un cierto atasco que nos impide avanzar".

La falta de consensos básicos y de mayorías estables de gobierno están detrás de esta incapacidad para sacar adelante, más allá de las diferencias de partido, los grandes proyectos de interés público, según los observadores consultados. Falta vocación de entendimiento y capacidad resolutiva. Los dirigentes políticos del territorio, señalan, no han sabido acompasar sus intereses particulares al dinamismo y las demandas la sociedad guipuzcoana.

La situación del aeropuerto muestra el grado de desacuerdo existente

Olano: "Cobra fuerza la idea de un atasco que nos impide avanzar"

"Las cosas siguen igual que hace un año", afirma un ex diputado foral

La divergencia de proyectos del PNV y PSE está detrás de la crisis institucional

La Diputación ve signos de que se está comenzando a salir de la parálisis

La construcción del puerto exterior de Pasajes continúa sometida a un debate infinito, lo que está imposibilitando una intervención tan urgente como la revitalización de toda la bahía. El grado de indefinición es aún mayor sobre el futuro del aeropuerto de Hondarribia. Son los mejores ejemplos del estado de estancamiento que sufre la provincia. A esto se suma el retraso en la ejecución de las principales carreteras, el tiempo perdido en dar con la solución al tratamiento de las basuras, la lentitud con que ha arrancado el centro cultural Tabakalera, el conflicto político e institucional provocado por el desencuentro entre el PNV y EA, socios de gobierno en la Diputación, sobre el tipo del Impuesto de Sociedades, la crisis interna abierta en el seno de la patronal Adegi o la falta de resortes en el tejido empresarial guipuzcoano para liderar una candidatura sólida a la presidencia de la Real Sociedad.

Este clima de pasividad y falta de determinación se ha visto enrarecido por la aparición del escándalo de la Hacienda de Irún, donde una trama presuntamente dirigida por José María Bravo defraudó más de ocho millones de euros al fisco, o el del ex candidato del PNV a presidir la Diputación, Jon Jauregi, acusado de ocultar en su declaración de la renta parte de su importante patrimonio inmobiliario.

El repaso de los periódicos da una idea del grado de parálisis que sufren los proyectos clave. En 2001, los titulares decían que el puerto exterior iba a estar operativo en 2013. Ya no es posible llegar a esa fecha; se apunta a 2020 como el horizonte más optimista. La prensa anunció la apertura del segundo cinturón de San Sebastián, que servirá para resolver el problema del colapso circulatorio existente en San Sebastián, para el año 2004, pero sus obras no arrancaron hasta julio del año pasado tras 15 años de estudios. Un ex diputado foral comentaba esta misma semana que, un año después de dejar su cargo, "las cosas siguen igual que antes". La fragmentación política, más acusada que en otros territorios, y el protagonismo que han adquirido los movimientos sociales como grupos de presión -las contestaciones populares hicieron variar cuatro veces la ubicación de la incineradora-, han hecho mucho más laboriosas y complejas las tomas de decisiones en Guipúzcoa. Ante este panorama, Olano sostiene que es necesario "romper la espiral de desencuentros" y "compartir las soluciones para los retos estratégicos de Guipúzcoa, más allá de las legítimas diferencias políticas". "Es la hora de compartir el liderazgo entre instituciones y agentes para abordar el futuro", agrega.La situación que atraviesa el aeropuerto de Hondarribia es la mejor demostración de la falta de acuerdos en la gestión pública y del grado de enfrentamiento político existente. Inicialmente, en 2001, el PP aprobó la ampliación de la pista en 600 metros (en realidad, 300 metros, dado que los restantes eran para crear las franjas de seguridad), lo que suscitó una oposición unánime. Cinco años después se modificó el plan en sentido contrario, de modo que el Gobierno socialista propuso recortar 300 metros a la longitud actual para cumplir la normativa de seguridad. La medida tampoco agradó a todas las instituciones vascas -al Gobierno vasco y la Diputación, sobre todo-, que exigieron alargar la plataforma de vuelos en 300 metros.

En contra del criterio de estas dos instituciones, los ayuntamientos de Irún y Hondarribia, gobernadas por el PSE y el PNV, respectivamente, saludaron la decisión del Ejecutivo central y se desmarcaron de aquéllas, lo que rompía la unidad existente hasta entonces. Ahora está en juego qué compensaciones se dan a estos dos municipios a cambio de que cambien su actual postura.

En este panorama, fuentes del gobierno foral consideran que Guipúzcoa "comienza a notar los primeros avances". "Se ha pasado a la acción" en cuestiones de relevancia, como la aprobación del billete único en el transporte público, que incluye descuentos del 40% desde el primer viaje, un sistema al que "este año se podrían sumar los autobuses de San Sebastián" y posteriormente los trenes de cercanías de Renfe y EuskoTren. También cita entre los problemas "en vías de solución" el de las basuras, la definición de los usos de Tabakalera, así como la "apuesta decidida" por abordar la regeneración de La Herrera sin esperar a la futura dársena a mar abierto de Pasajes, o la normalización de las relaciones con el consistorio donostiarra.

Además, la bonanza económica permite a la Diputación contar con unos remanentes de 180 millones que le permitirán abordar un plan de gestión de cuatro años, gracias al apoyo que EB brindará al bipartito PNV-EA en las Juntas.

Guipúzcoa ha adolecido de un gran acuerdo entre los grandes partidos -el PSE (el más votado en las elecciones forales) y el PNV de Egibar- para dirigir en común las soluciones de los grandes proyectos, lo que explica en buena parte el grado de enquistamiento en que se hallan. Podrían acercarse ahora en las negociaciones que mantienen para sacar adelante la reforma del IRPF y, en cadena, el Impuesto de Sociedades. Los dos partidos mayoritarios barajan, entre otras propuestas, incluir en el IRPF la deducción fiscal de los 400 euros que anunció el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en la campaña electoral. Esta medida supondría un coste de 116 millones para las arcas públicas, a los que habrá que sumar los 16 millones que supone aplicar la deflactación de la tabla impositiva para ajustarla a la inflación. La reforma que se introdujo en 2006 ya supuso una merma recaudatoria de 80 millones, que se añaden a los 89 millones que Guipúzcoa dejará de percibir de las empresas si al final rebaja el Impuesto de Sociedades al 28%.