¿Con quién tengo que hablar?

El presidente Francisco Camps anunció en las Cortes el 24 de abril que pediría permiso al Ministerio de Hacienda para que la Generalitat pudiera endeudarse más. Apenas unos días después, la agencia de calificación de riesgos Standard & Poor's instaba a la Generalitat a contener el gasto corriente y, llegado el caso, a limitar inversiones para conseguir la estabilidad presupuestaria ante el previsible descenso de sus ingresos ligados al sector inmobiliario.

"Estoy soportando una presión terrible", dice un empresario

El PSPV asegura que el cauce con los empresarios sí que funciona

El dinero escasea y varios proyectos de obra pública, como el acceso norte del puerto de Valencia, las dos autovías entre el sur de la Comunidad Valenciana y Murcia, así como el cierre del anillo Chiva-L'Alcúdia, han entrado en vía muerta. Las empresas no los pueden asumir como concesiones, la fórmula llaves en mano pertenece a otra época y los bancos no están para prestar dinero.

Ante esa situación, el Consell ha redoblado su perfil victimista, pero la rentabilidad electoral que obtiene no se transfiere a las cuentas de los empresarios, que preferirían proyectos surgidos de la colaboración entre las administraciones central y autonómica. El consejero de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo, José Ramón García Antón, ha tratado de transmitir tranquilidad anunciando nuevas inversiones a la junta directiva de la Federación de Empresas Contratistas de Obras de la Administración de la Comunidad Valenciana (Fecoval), pero aunque habló de 700 millones en obras directas e indirectas, no las concretó. "La Generalitat no tiene ni una peseta", explica un contratista. "No saca nada de obra y lo poco que saca es con fórmulas de financiación rarísimas", refiere.

Para los contratistas, la única posibilidad de mantener las empresas, el empleo y la riqueza que generan es que el Gobierno central impulse obras, y aumentar su participación en ellas. En 2007 han realizando entre el 15% y el 20% de la obra del Gobierno en la Comunidad Valenciana, pero aspiran a poder hacer entre el 25% y el 30%, que es "el porcentaje habitual" en el que participan sus homólogos catalanes y andaluces. De no incrementar su participación, piensan que en dos años la situación de muchas empresas sería "terrible". Además, añaden, "los Ayuntamientos tampoco tienen dinero, y ya veremos qué pasa con las empresas que han estado trabajando para ellos".

Pero a partir de aquí se agrava el conflicto. Por una parte, el Consell está atornillando a los empresarios para mantenerlos alineados en su frente contra el Gobierno, hasta el punto que algunos de ellos contraprograman su agenda en función de los actos del PP. "El día que hay acto, me busco un viaje fuera", confiesa un conocido empresario. "La presión es terrible, y eso que

Camps es la mitad de intervencionista que Zaplana", se sincera. "Estoy soportando una presión enorme", manifiesta un dirigente empresarial en el mismo sentido, "y sin embargo nadie recoge la mano que tiendo hacia la otra orilla". Y ésta es la otra parte de la complicación. Los empresarios no encuentran un interlocutor apropiado que los conecte con la Moncloa. La situación de provisionalidad y emergencia en la que está sumida desde hace años el PSPV lo complica más.

La contrariedad entre los empresarios es común: "¿Con quién tengo que hablar?". El delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, "está en funciones", el presidente de la Gestora, Joan Lerma, "está, por decirlo de algún modo, de paso", y "la que manda

[la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega] no está aquí y ni te recibe", explica otro patrono.

Un destacado miembro de una organización empresarial confía en que el problema del PSPV sea transitorio, y se muestra convencido de que puede ser un buen interlocutor, aunque detecta un problema en la información que transmite a Madrid. Y cita los casos del trasvase y la ampliación del puerto de Valencia. Él prefiere que el interlocutor esté en Valencia, con una visión próxima a la realidad: "A Fernández de la Vega solo la vimos en campaña y, además, aplica criterios políticos y los empresarios estamos en otra onda".

Pero fuentes del PSPV sostienen que el cauce con los empresarios existe, funciona y se llama Inmaculada Rodríguez Piñero, secretaria de Economía de la dirección federal socialista. Otros consideran que el conducto, mientras se arregla la situación, es la dirección del PSPV y que en breve será "el futuro delegado o delegada del Gobierno" quien canalice estos asuntos. Pero el recelo socialista hacia las organizaciones empresariales valencianas es latente porque "actúan como el eco del PP y siempre están haciéndole la ola al Consell". "Ése es un análisis erróneo que hacen los socialistas", se desmarca uno de los miembros de la cúpula de Cierval. "Los empresarios defendemos intereses empresariales y no es real la sintonía con la Generalitat, con la que también tenemos enfrentamientos que a lo mejor no trascienden", expresa.

Pero el cabreo en el PSPV es latente. Sobre todo, con el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Francisco Pons, en quien habían depositado expectativas de interlocución. La causa es un reciente informe sobre las necesidades hídricas de la Comunidad Valenciana, pero no por su contenido sino por el momento en que se difundió, un día después de que Camps retomara la bandera del trasvase contra el Gobierno por la decisión de llevar agua del Ebro a Barcelona. "AVE ha sido muy respetuosa porque no lo ha sacado antes de las elecciones", explica uno de los integrantes de este selecto lobby empresarial. Pero otro, en cambio, asegura que el documento "llevaba meses realizado y se precipitó por el momento político".

La ausencia de interlocución y la falta de lobbies efectivos de empresarios para presionar en Madrid en nombre propio se dan la mano. Mientras, los empresarios reclaman medidas al Gobierno y la Generalitat para salvar la desaceleración. Todos abogan por la colaboración de los gobiernos central y autonómico. "Lo peor es que son incapaces de llegar a acuerdos", se lamenta uno de ellos. "Hay empresarios que no se pueden ni ver y sin embargo llegan a acuerdos que les benefician a ambos, pero éstos no, y eso agrava la crisis", añade.