El Gobierno desata la polémica por la reforma de la ley religiosa

Esta legislatura empieza como acabó la anterior: con el Gobierno y los obispos midiendo sus espacios. Ahora, el motivo es el anuncio del Ejecutivo de reformar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR) para avanzar hacia la laicidad y garantizar la igualdad de las confesiones religiosas. La propuesta ha suscitado también reacciones encontradas entre los partidos políticos y las religiones minoritarias.

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que fue quien desveló el miércoles pasado las intenciones de La Moncloa, matizó ayer que la reforma "no está pensada contra nadie". En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, explicó que no se ha dialogado sobre este asunto con la Conferencia Episcopal Española porque "la obligación del Gobierno es comunicar sus planes primero a los representantes del Parlamento". "Por supuesto, habrá contactos con el episcopado", añadió.

El líder de los obispos, el cardenal Antonio María Rouco, no opinará sobre los planes del Ejecutivo socialista hasta después de reunirse con el Papa en Roma el próximo día 19, a donde viajará acompañado por el pleno del Comité Ejecutivo episcopal.

Quienes sí han opinado son los partidos políticos, las religiones minoritarias y algunos sectores del catolicismo, en su mayoria con críticas o gran escepticismo. El PP, por ejemplo, cree que la reforma de la LOLR es una cortina de humo. "Este debate sólo contribuirá a generar división entre españoles. Pido al Gobierno que no vuelva a las andadas y a no confundir prioridades", dijo Mariano Rajoy. El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, reprochó que se anteponga esta reforma a la lucha contra la crisis económica. "El Gobierno tendrá la oposición de CiU si lo que pretende es fomentar un laicismo que ni practica ni comparte la izquierda europea", añadió.

IU, Esquerra Republicana (ERC) y las Juventudes Socialistas aprovecharon el anuncio de reforma de la LOLR para pedir al Gobierno "valentía" para avanzar hacia la laicidad, denunciando los Acuerdos de 1979 con el Vaticano, base de los privilegios de la Iglesia católica. ERC ya ha presentado dos proposiciones no de ley emplazando al Gobierno a garantizar la neutralidad del Estado.

La presencia de simbologías católicas en las ceremonias de Estado -como la colocación de un crucifijo en la toma de posesión del actual Gobierno ante el Rey- suscitó la protesta de Mariano Blázquez, secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Evangélicas de España. Invitado anteayer al funeral de Estado por el ex presidente Leopoldo Calvo-Sotelo en la catedral de La Almudena, asistió en representación de los protestantes y se sentó al lado del dirigente musulmán Riay Tatari, imán de una importante mezquita en Madrid.

"El hecho de que un funeral de Estado consista exclusivamente de una ceremonia religiosa es una de las cosas que deberían revisarse. Sería deseable una clara separación entre el acto de Estado de carácter laico, y la ceremonia religiosa, del signo que sea", dijo Blázquez.

Protestantes, musulmanes y judíos esperan con curiosidad la reforma anunciada, que, en su opinión, debería equipararles en derechos con la Iglesia católica. Feliz Herrero, presidente de la Federación de Entidades Islámicas, lamentó que la actual legislación no contemple "un régimen común para todas las confesiones".

En el campo católico, la Asociación de Teólogos Juan XXIII cree que el anuncio de la vicepresidenta De la Vega de avanzar "hacia la laicidad" es poco creíble. "Ningún paso se ha dado en la pasada legislatura en esa dirección, sino más bien pasos en la dirección contraria", dijo su secretario general, Juan José Tamayo.