El PP recupera el discurso duro sobre terrorismo en el Congreso
Cuestiona con Rosa Díez la idoneidad de Conde-Pumpido
"Usted ha convertido su actuación en la burla de la ley"; "ha permitido la vuelta del rostro político del terrorismo al Parlamento y a los ayuntamientos vascos"; "ha dado cobertura a la inaplicación de la ley para favorecer la negociación política con ETA" y "ningún Gobierno sensato le propondría como fiscal general del Estado".
El PP aprovechó ayer una comparecencia en el Congreso para ajustar cuentas con Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado, y, de paso, recuperar por primera vez en la legislatura el discurso de la dura oposición a cuenta de la lucha contra el terrorismo. Conde-Pumpido compareció para cumplir el trámite de someterse al examen de la Comisión de Justicia del Congreso, antes de ser reelegido por el Gobierno. El interpelante fue Ignacio Astarloa, portavoz de Justicia del PP, que ya mantuvo en primera fila este duro discurso en la anterior legislatura y que en ésta es uno de los pocos que no han sido relevados por Rajoy tras la derrota electoral.
Astarloa sacó a relucir a Arnaldo Otegi e Ignacio de Juana Chaos y, en general, los asuntos que monopolizaron la oposición del PP, con la excepción del 11-M, que ni mencionó ayer.
En su ayuda, con argumentos más extremos, acudió la diputada de UPyD, Rosa Díez, quien acusó al fiscal de "proteger a los terroristas y desproteger" a los amenazados por ETA y enviar a los etarras "a un balneario". Conde-Pumpido eludió polemizar y se limitó a comprometerse en su intervención inicial a "perseguir a los terroristas, a quienes los amparan y a quienes facilitan o aplauden su acción".
La insólita comparecencia, calificada por Astarloa de "paripé histórico", dio lugar a un debate sobre la Ley de Partidos, entre el PNV y ERC, que la rechazan rotundamente, y el PP y Díez, que critican que no se haya utilizado con más contundencia.
Sólo el PP y Rosa Díez rechazaron la idoneidad de Conde-Pumpido para seguir en el cargo.
El fiscal general habló de la necesaria modernización de la Justicia, por ejemplo, extendiendo la interconexión informática, de la especialización y la descentralización de la Fiscalía, aplicando los nuevos estatutos de autonomía.
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