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Cambios en la política de inmigración

60 días de retención para los 'sin papeles'

Interior planea ampliar el internamiento de inmigrantes para tramitar su repatriación

En el programa que el PSOE presentó en las pasadas elecciones se repite una frase que hasta ahora había pasado inadvertida: "Endurecer la lucha contra la inmigración irregular". Ayer, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, hizo el primer anuncio del cambio que se avecina en la política migratoria. Nada menos que la reforma de la Ley de Extranjería para elevar el plazo de internamiento de los extranjeros que tratan de entrar en España de forma irregular, fijado ahora en un máximo de 40 días.

Rubalcaba alega que los 40 días actuales no llegan para cumplir los trámites

El PP sólo admite la ampliación del plazo vigente en casos excepcionales

"No creo que sea necesario llegar a los seis meses" que contempla el borrador de la polémica Directiva de Retorno que se discute estos días en Bruselas, dijo Rubalcaba a la cadena SER. Fuentes de su departamento apuntaron a EL PAÍS que estudian ampliar el plazo de detención hasta al menos 60 días, 20 más que en la actualidad.

Rubalcaba justificó el cambio afirmando que el plazo actual no es suficiente para ejecutar los "complejísimos" procesos de repatriación. Explicó que en esos trámites es necesario contar con la colaboración de los inmigrantes, que no quieren ser expulsados, y con la de sus países de origen, que se resisten a aceptarlos.

"Todo el mundo arrastra los pies. Por eso los plazos se quedan muy cortos", dijo. El ministro considera que la ampliación del tiempo de internamiento ayudará a "sortear las dificultades" del proceso. "Si somos laxos con la inmigración ilegal, la avalancha no hay quien la pare", añadió.

Esas "dificultades" son especialmente visibles en el caso de los subsaharianos que llegan en cayucos a Canarias. No portan documentación alguna, intentan despistar a los policías que tratan de identificarlos y proceden de países que se resisten a admitir su repatriación. Sus Gobiernos ven en su marcha un problema menos y un beneficio económico a través de las divisas que, si tienen suerte, acabarán enviando a sus familiares.

El Ministerio del Interior repatrió el año pasado a 46.471 de los 50.318 extranjeros interceptados cuando trataban de entrar de forma irregular en España a través de las costas y de los aeropuertos. De los casi 4.000 que no pudieron ser devueltos a sus países, el 90% fueron subsaharianos llegados a Canarias. Cumplidos los 40 días de internamiento, la Administración tuvo que trasladarlos a la Península y dejarlos en libertad con una orden de expulsión imposible de cumplir, pero que les impide trabajar legalmente; es decir: quedaron condenados a la explotación o a la delincuencia.

Pero el problema no es sólo el de los subsaharianos. En el 10% restante de extranjeros no expulsados destaca, por ejemplo, un buen número de rusos. Según Interior, las dificultades burocráticas impuestas por las autoridades de Moscú a las repatriaciones hacen imposible su expulsión en sólo 40 días.

En Canarias, a cuyas costas llegan los cayucos cargados de inmigrantes, el anuncio del ministro del Interior ha sido recibido con una mezcla de sorna y satisfacción. Coalición Canaria (CC), partido que ocupa la presidencia del archipiélago, fue el primero en proponer un alargamiento del plazo de internamiento de los extranjeros. En diciembre de 2006, el grupo parlamentario de esa formación presentó en el Congreso de los Diputados una proposición para modificar la Ley de Extranjería. El texto proponía cambiar la actual redacción del artículo 62.2 por la siguiente: "El internamiento se mantendrá por el tiempo imprescindible para los fines del expediente [de expulsión], sin que en ningún caso pueda exceder de 70 días", informa Juan Manuel Pardellas.

Los nacionalistas canarios recuerdan ahora que desde diciembre de 2006 su proposición fue "retrasada una y otra vez por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y por el Grupo Socialista", hasta el punto que no pudo ser discutida durante la pasada legislatura. "Ahora", dicen con ironía, "nuestra propuesta no parece tan descabellada, y la UE peca por exceso".

Si el cambio de política del Gobierno en este punto ha sorprendido a los observadores, llama también la atención la postura del Partido Popular (PP) ante el anuncio de Rubalcaba. "Los 40 días de internamiento son un plazo suficiente para identificar y repatriar a los inmigrantes", ha declarado el portavoz de Inmigración de ese partido, Rafael Hernando. Sólo ha concedido que "tal vez podría prolongarse hasta 70 días en casos excepcionales, siempre bajo tutela judicial". Hernando aprovecha la ocasión para ajustar cuentas: "Es sorprendente que el autor de la ampliación del internamiento sea el señor Rubalcaba, que durante la campaña electoral nos llamó xenófobos por proponer un contrato de integración para los inmigrantes. ¡Qué nos habría llamado si hubiéramos sido nosotros quienes hubiésemos propuesto esto!".

Tal vez porque era consciente del choque que podía producir su anuncio entre buena parte de la opinión pública, Rubalcaba lo acompañó con un comentario de carácter humano. Aseguró que las repatriaciones constituyen una de las "decisiones más difíciles que toma un ministro del Interior". "La noche que sale un vuelo de Canarias a un país de África, esa noche no se duerme bien, porque uno piensa en la gente que se ha jugado la vida y que tiene que volver", dijo.

Un proceso complejo

El proceso burocrático que debe seguir el Ministerio del Interior para repatriar a cada inmigrante interceptado cuando intenta entrar ilegalmente en España es largo y complicado. Éstos son sus principales pasos:

1) El extranjero es trasladado a dependencias policiales, donde puede permanecer durante un máximo de 72 horas. Allí, ayudado por un intérprete, recibe asistencia médica y jurídica, y los agentes realizan un primer intento de identificación.

2) El inmigrante es puesto a disposición del juez, que decide su internamiento en un CIE mientras la Administración tramita su orden de expulsión.

3) Los agentes del CIE siguen tratando de identificar al inmigrante (una tarea que puede demorarse varios días). Cuando consideran que lo han logrado, comunican su "preidentificación" a las autoridades diplomáticas de su país.

4) El país del que supuestamente procede el extranjero envía a España una delegación de identificación (a veces se trata de una sola persona). La llegada de la delegación suele demorarse varias semanas, y sus miembros entrevistan uno a uno a sus supuestos compatriotas que han sido preidentificados.

5) En el caso de que la delegación confirme la "preidentificación" de la policía, expide la documentación necesaria para que el inmigrante pueda ser retornado a su país. Si no confirma la "preidentificación", el proceso vuelve a comenzar desde el punto 2.

6) El Ministerio del Interior organiza la repatriación del inmigrante, en un vuelo comercial (si va solo) o fletando un avión y de acuerdo con las autoridades del país del extranjero.

Lo que dice la Ley de Extranjería

- "El internamiento se mantendrá por el tiempo imprescindible para los fines del expediente, sin que en ningún caso pueda exceder de cuarenta días, ni acordarse un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente. La decisión judicial que lo autorice, atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso, podrá fijar un período máximo de duración del internamiento inferior al citado" (Ley de Extranjería, artículo 62.3).

- "El ingreso del extranjero en un centro de internamiento (...) no podrá prolongarse más tiempo del imprescindible para la práctica de la expulsión". "La duración máxima del internamiento no podrá exceder de 40 días, y deberá solicitarse de la autoridad judicial (su) puesta en libertad (...) cuando con anterioridad al transcurso de este plazo se tenga constancia de que la práctica de la expulsión no podrá llevarse a cabo". (Reglamento de Extranjería, artículos 153.3 y 153.5).

Lo que dice el programa del PSOE

- "[Los socialistas nos comprometemos a] modificar el actual periodo máximo de detención de los inmigrantes irregulares en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), ampliándolo a un periodo homologable con el resto de los Estados miembros de la Unión Europea, y que permita el tiempo necesario para llevar a cabo los trámites de identificación y repatriación de los inmigrantes irregulares".

- "En dicha reforma -y para evitar que se pueda burlar la aplicación de la normativa en materia de extranjería- vamos a introducir también una modificación para que en los supuestos en los que el extranjero irregular que se encuentre interno en un CIE e inste, en dicha situación, el procedimiento tendente al reconocimiento del derecho de asilo o la condición de refugiado, se interrumpa en ese momento el cómputo del plazo de permanencia en dicho CIE hasta la sustentación del expediente administrativo".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 9 de mayo de 2008

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