Los rectores exigen la garantía de que tendrán liquidez

Los rectores exigen a la Generalitat la garantía de que tendrán liquidez este año y durante todo el periodo que dure la devolución de la deuda gigantesca (891 millones de euros) que el Gobierno valenciano ha ido acumulando con las universidades públicas.

Ese es el primer punto de la contrapropuesta que los dirigentes académicos han enviado a la Consejería de Educación, que completan, esencialmente, dos peticiones: Uno, que el Consell se comprometa a no recortar sus fondos en el nuevo plan de financiación (que, supuestamente, debería estar funcionando en 2009). Y dos, que se acabe con la práctica sistemática de la Generalitat de pactar con ellos unos fondos para su funcionamiento mientras consigna después en los presupuestos unas cantidades considerablemente menores. Ahí está, aseguran, el origen de una deuda que ha ido creciendo cada ejercicio como una bola de nieve.

A estas alturas, las universidades han aceptado que el Gobierno valenciano les entregue los 891 millones de euros en 10 o en 15 años. Una vez reconocida la deuda, lo que de verdad les preocupa es ir a sacar dinero de la caja para pagar las facturas y encontrarla vacía. "El problema no es la financiación, el problema es la tesorería", han repetido incansablemente en los últimos meses.

La garantía de liquidez significa poder recurrir a un instrumento financiero para, en caso de necesidad, convertir la deuda en dinero. Poder pedir adelantos a un banco o a una caja de ahorros. Y a esa garantía por escrito es a lo que, de momento, se resisten los negociadores de las consejerías de Educación y de Economía y Hacienda.

No recortar fondos

Los rectores quieren estar seguros, en segundo lugar, de que Educación no va a forzar un plan de financiación a la baja una vez que cierre con ellos el acuerdo sobre el agujero de deuda que tiene reconocida. Es decir, que la devolución anual (hasta 2022) de la parte correspondiente a los 891 millones no computará como parte de la nueva financiación ordinaria.

Una maniobra que puede parecer marciana pero que los rectores temen que es lo que se oculta tras las declaraciones vertidas insistentemente por el secretario autonómico de Universidades, Emilio Barberá: que se ahogan en dinero; y que podrían trabajar más de lo que lo hacen por el mismo sueldo.