El PSE le hace el trabajo al tripartito

Los socialistas llevan a la Cámara la ley de Servicios Sociales pendiente desde 2007 - El texto es el mismo que el Gobierno pactó con diputaciones y ayuntamientos

Los socialistas se han cansado de esperar y han tomado la iniciativa. El retraso del Gobierno en la remisión al Parlamento del proyecto de ley de Servicios Sociales, una de las normas más importantes y publicitadas de la legislatura, ha llevado al PSE a hacer suyo exactamente el mismo texto que el tripartito ya ha consensuado con las tres diputaciones y los ayuntamientos y presentarlo en la Cámara en forma de proposición de ley. De esta forma, el Parlamento no tendrá más remedio que debatirlo.

La ley evitará que cada provincia siga ofreciendo distintas prestaciones
Asuntos Sociales dice que su proyecto irá pronto al Consejo de Gobierno

El Departamento de Asuntos Sociales, que encabeza Javier Madrazo, presentó en febrero de 2007 las líneas maestras del anteproyecto de ley y en diciembre incluso escenificó un acuerdo con diputaciones y ayuntamientos, pero cuatro meses después todo sigue igual: sin noticias sobre el texto, que ni siquiera ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno, y "el tiempo apremia", según los socialistas.

Con su iniciativa, el PSE se garantiza que, reste lo que reste de legislatura (debe concluir en abril de 2009 si el lehendakari no anticipa las elecciones) el debate parlamentario del proyecto será un hecho. La futura ley se convertirá en uno de los pilares del estado de bienestar, al garantizar la creación de un sistema vasco de servicios sociales, que tendrá definitivamente el mismo rango que la sanidad, la educación y las pensiones. Ello supone que se reconoce a los ciudadanos el derecho a reclamar las mismas prestaciones en los tres territorios y a recibirlas en las mismas condiciones, algo que no ocurre ahora, pues alaveses, guipuzcoanos y vizcaínos disfrutan de una atención diferente y pagan por ella precios distintos.

Es precisamente la relevancia de esta norma y el temor a que concluya la legislatura sin debatirla lo que ha impulsado a los socialistas a presentar la proposición de ley, que tendrá el mismo recorrido en la Cámara que cualquier proyecto presentado por el Gobierno, con su plazo de presentación de enmiendas y sus debates en comisión. La Ley de Servicios Sociales es una de las joyas de la corona del Gobierno, junto con la de Suelo (ya aprobada), pero su complejidad, debido a la necesidad de atar el consenso con diputaciones y ayuntamientos, ha ido retrasando su presentación. En principio, el Gobierno la anunció para 2007 y después ha ido reculando. Su último compromiso fue enviarla a la Cámara en el primer cuatrimestre de este año. Vencido ya también ese plazo, los socialistas, que han sido los principales aliados del Ejecutivo en todas las propuestas de calado social durante este mandato, han recogido textualmente el anteproyecto ya pactado con el resto de instituciones y lo han transformado en una proposición de ley.

Los socialistas eligieron para hacer pública su iniciativa el día siguiente a que aclamasen como candidato a lehendakari a su líder, Patxi López, quien arrancó la que quizá sea una larga precampaña precisamente con el mensaje del agotamiento y la flata de iniciativa del tripartito.

El portavoz del PSE en el Parlamento, José Antonio Pastor, y la responsable del partido en materia social, Gemma Zabaleta, achacaron ayer la "inexplicable" tardanza del Gobierno en aprobar el proyecto de ley y mandarlo a la Cámara al "nulo " interés del tripartito en cuestiones sociales "No se trata sólo de nuestro propio hartazgo, sino, sobre todo, del hartazgo de una ciudadanía que está viendo que en el ámbito de los servicios sociales, las cosas, lejos de mejorar, empeoran", explicó Pastor.

Zabaleta precisó que ante una ley de esta envergadura, los socialistas no podían presentar un proyecto propio, para el que sería necesario un consenso con todas las instituciones implicadas. Por ello, han optado por recoger el que ya ha elaborado el Ejecutivo y tiene la firma de ayuntamientos y diputaciones. A partir de ahí, vendrán sus enmiendas, especialmente sobre el copago (el usuario paga una parte del servicio de acuerdo a su nivel de ingresos). Los socialistas quieren establecer un porcentaje tope de pago por los servicios que se dispensen,fijado en el 75% del precio de referencia del servicio en los niveles superiores de renta, porcentaje que bajaría para rentas inferiores. Además, rechaza que los mayores ingresados en una residencia foral tengan que dejar su piso en prenda para responder, al morir, de la deuda pendiente.

Un portavoz de Asuntos Sociales señaló que el anteproyecto se encuentra en fase de tramitación interna dentro del propio Ejecutivo, "justo en el peldaño anterior" a pasar al Consejo de Gobierno para su aprobación y rehusó opinar sobre la iniciativa emprendida por los socialistas.

Gemma Zabaleta y José Antonio Pastor presentaron su iniciativa en el Parlamento.
Gemma Zabaleta y José Antonio Pastor presentaron su iniciativa en el Parlamento.PRADIP J. PHANSE

El cuarto pilar del estado del bienestar

- 13 de febrero de 2007. El consejero Javier Madrazo anuncia las líneas maestras de la ley, llamada a crear un sistema vasco de servicios sociales con el mismo rango que la sanidad, la educación y las pensiones

- 16 de noviembre de 2007. El Parlamento aprueba una proposición instando al Gobierno a remitir el proyecto de ley en el primer cuatrimestre de 2008.

- 11 de diciembre de 2007. El Gobierno, las tres diputaciones y la Asociación de Municipios Vascos-Eudel estampan su firma sobre el anteproyecto de ley de Servicios Sociales.

- Prestaciones. El texto pretende evitar que cada territorio y municipio ofrezcan prestaciones diferentes, como ocurre ahora, y por ello reconoce el derecho a reclamar los mismos servicios en las tres provincias. Se tratará de un derecho subjetivo, es decir, exigible ante los tribunales por cualquier persona que lleve un año empadronada en Euskadi.

- Copago. Se habla de copago, pero no se especifica el límite. Se mantiene el reconocimiento de deuda que se aplica en las residencias. El anciano paga una parte del servicio, dependiendo de sus ingresos, pero a su muerte responde de esa deuda con sus bienes, incluido el piso habitual. Esta vivienda figurará entre los bienes reclamados, pero siempre que su valor no supere una determinada cantidad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 07 de mayo de 2008.

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