El Gobierno de Aragón considera que la cesión no es un trasvase
Ni trasvase ni transferencia, sino una "conexión de sistemas dentro de la misma demarcación hidrográfica de las cuencas internas de Cataluña". Ésa es la conclusión del primero de los dos informes encargados por el Gobierno de Aragón a sus servicios jurídicos para saber si hay que presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre el decreto ley que aprueba la conducción de agua a Barcelona para uso doméstico.
El informe se conoció ayer y debe ser complementado por otro que emitirá la Comisión Jurídica Asesora de Aragón -integrada por un grupo de juristas de reconocido prestigio-, que ya se apunta que irá en el mismo sentido. También asegura que la tubería que llevará agua al área metropolitana de Barcelona no afecta a la comunidad autónoma de Aragón ni a la demarcación hidrográfica del Ebro.
El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, aseguró que en caso de que se abriese el mercado del agua, acudiría al Constitucional. La oposición (PP, Cha e IU) sigue manteniendo que es un trasvase y que el sentido del informe estaba cantado.
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