El pacto con el fiscal divide a los ex ediles del GIL

El pacto que negocian los abogados de los ex ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) de Marbella con la Fiscalía de Málaga para agilizar 70 causas judiciales abiertas por conceder licencias de obra ilegales dista bastante de estar cerrado, a pesar de que parecía haber acuerdo sobre sus términos generales.

Varios ex concejales, como Tomás Reñones o Alberto García Muñoz -sobrino del ex alcalde Julián Muñoz- , se niegan en redondo a aceptar la condición irrenunciable del fiscal: que todos los ex ediles marbellíes imputados por prevaricación urbanística pasen entre un año y medio y tres años en prisión, según los casos.

Este grupo considera que las condenas de cárcel pueden ser sustituidas por multas. Frente a los disidentes del pacto, los ex ediles que ya han conocido la prisión por causas urbanísticas, como Julián Muñoz o Marisa Alcalá, están más dispuestos a conformarse con la petición fiscal, lo que les evitaría pasarse los próximos años yendo y viniendo a los juzgados.

El próximo jueves, la Fiscalía mantendrá una reunión con los abogados de los ex ediles, entre 15 y 18 personas. Este encuentro, según el letrado José Antonio Choclán, que representa a nueve ex concejales -algunos clientes suyos y otros cuyos abogados han delegado la representación en este ex magistrado de la Audiencia Nacional- "no es definitivo".

El pacto lleva fraguándose desde enero, pero es la primera vez que Choclán se reúne con el fiscal de Medio Ambiente, Juan Calvo-Rubio, que lleva las negociaciones bajo la supervisión de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de la Fiscalía General del Estado. "Hay que concretar más la propuesta. Un tema nuclear es el ingreso en prisión, al que, sin duda, hay que darle otra vuelta".

Choclán rechaza la propuesta del fiscal de imponer penas más severas a los ex ediles que participaron en más comisiones de gobierno que aprobaron las licencias ilegales. Según él, "hay que fijarse sobre todo en la función que cada concejal desempeñaba en las comisiones. No es igual ser concejal de Urbanismo que de Cultura aunque ambos votaran a favor de la licencia", razona.

Precisamente los ediles más reacios al acuerdo son algunos de los que más causas acarrean. Tomás Reñones acumula 50 asuntos y Francisco Javier Lendínez, 49, según un informe solicitado a los juzgados de Málaga por el instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, en 2007. Estos imputados fueron concejales de la corporación 1999-2003, que aplicó el Plan General de Ordenación Urbana de 1998, considerado ilegal por el TSJA y que nunca tuvo vigencia legal.

La defensa de estos ediles insiste en que se debería buscar penas económicas. "La sustitución de la prisión por multa está en la ley y no es algo que se pueda otorgar graciosamente. Además las sanciones económicas por estas causas mantendrán a muchas de estas personas embargadas casi de por vida, lo que no es ninguna broma", afirma Choclán.