Es el turno del sector público

No quisiera perder ni un minuto, en esta breve exposición, en hacer diagnósticos previos o en discusiones nominalistas sobre si asistimos a un proceso de desaceleración o de crisis. No me perderé en disquisiciones semánticas ni en acotar definiciones más o menos compartidas. Deseo centrarme en una serie de medidas que deberían abordarse con celeridad para garantizar la estabilidad de nuestro escenario económico y de libre competencia. Medidas que nos imponen con premura la actual coyuntura y las condiciones que demandan la sociedad, el mercado y la mejora de la competitividad empresarial.

En las actuales circunstancias, creo que el papel fundamental que le corresponde al sector público, como primerísima prioridad, y repito lo de primerísima, es la de apoyar al sistema financiero español, de tal forma que éste no estrangule la economía y a nuestras empresas, sobre todo a las pymes. Y es esta una prioridad que no permite demora. La liquidez financiera, la estabilidad del sistema y la restauración de la confianza así lo demandan.

Debe abordarse la mejora de la productividad de las administraciones, reduciendo la burocracia

En una situación como la que vivimos es cuando el sector público debe utilizar todos los mecanismos y medidas que estime oportunos para estimular la economía, priorizando planes de construcción de obras públicas, impulsando la promoción de vivienda social y de rehabilitación de centros históricos, entre otras actuaciones de amplio interés general.

De igual forma, debe abordarse la mejora de la productividad de las administraciones públicas, reduciendo trámites y burocracia y ofreciendo servicios más ágiles y eficientes al ciudadano, a la vez que se acometan aquellas reformas estructurales destinadas a una mayor liberalización de los mercados y de algunos sectores de especial importancia, como el de transportes.

Tampoco me parece acorde con la posición de España -octava potencia económica del mundo- la justicia. Necesitamos mejoras urgentes, diría inaplazables, de la Administración de justicia. Es preciso dotarla de los medios y recursos necesarios para lograr una mayor celeridad en los procesos y previsibilidad de las resoluciones judiciales, con la potenciación y creación de juzgados de lo mercantil, y una adecuada formación y especialización de magistrados en materia mercantil y económica.

En el ámbito laboral, creo que se hace imperativa la supervisión y control de las sentencias de las magistraturas de trabajo. Un control ecuánime y riguroso que evite el enorme sesgo pro trabajador de las sentencias. Y esto es así porque la realidad nos lleva a que, si todo despido es, de oficio, improcedente, éste termina resultando carísimo. Más medios y una mejor eficacia y eficiencia en la utilización de los mismos. La seguridad jurídica así nos lo demanda.

Y no quisiera concluir estas reflexiones sin abordar la gestión de sectores y de servicios de amplia incidencia como la energía, el agua, la educación y la sanidad.

Somos un país dependiente, en un mayor grado, que nuestros socios europeos en recursos energéticos e hidráulicos.

Por ello, tenemos que ser capaces de abrir un amplio debate nacional sobre estas cuestiones y decidir en consecuencia. Respecto a la energía, debemos propiciar un pacto de Estado que conduzca a un posicionamiento sobre qué tipo de energía necesitamos, cómo la vamos a producir y qué precio estamos dispuestos a pagar. En definitiva, lograr un consenso, lo más unánime posible, para adquirir un compromiso que nos ofrezca garantías de suministro, de calidad, cantidad y precio.

En educación y sanidad, no debemos conformarnos con hacer y deshacer, analizar y debatir, durante décadas, sobre deficiencias y debilidades, que, en especial, en educación muestran síntomas alarmantes. Hay que emprender iniciativas de amplio alcance, de carácter urgente y práctico, para racionalizar y optimizar la prestación de estos servicios públicos y su adecuación a lo que la sociedad española del siglo XXI demanda. Actuaciones e iniciativas que, estoy convencido, no pueden ni deben demorarse por más tiempo en promesas electorales y en legislaturas, y que cuentan con la más decidida colaboración y apoyo de las Cámaras de Comercio de España. -

Javier Gómez-Navarro es presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España.