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"Me quieren apartar por católico"

El juez Ferrín Calamita niega ante el Tribunal Superior de Murcia que haya retrasado a propósito el expediente de adopción de una pareja de lesbianas

Mónica Ceberio Belaza

"La única finalidad que tiene es apartar al juez simplemente por el hecho de ser católico". Fernando Ferrín Calamita, magistrado de familia de Murcia, pronunció ayer estas palabras en el procedimiento penal que se sigue contra él por una querella interpuesta por un matrimonio de lesbianas, Vanesa de las Heras y Susana Meseguer, que consideran que el juez obstaculizó su expediente de adopción por homofobia. Ferrín, que ya en otros momentos ha asegurado sentirse "indefenso", negó ayer cualquier retraso malicioso. En sus resoluciones ha escrito frases como que "el ambiente homosexual perjudica a los menores" o que "los hijos tienen derecho a un padre y una madre, no a dos padres o dos madres". La ley permite desde julio de 2005 que los gays se casen y tengan hijos.

El juez fue sancionado con 600 euros por escribir frases homófobas

Ferrín Calamita considera que las mujeres y su abogado, José Luis Mazón, quieren apartarlo sólo porque es católico. Mazón le preguntó ayer al juez si pertenecía al Opus Dei, "que imparte directrices contra los derechos de los homosexuales", pero el juez le señaló que la pregunta vulneraba la Constitución. En una entrevista concedida a este diario en 1987, Ferrín afirmó que sus libros de cabecera eran la Biblia y Camino, de Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus.

En cualquier caso, el problema no son las creencias del juez, sino si éstas le llevan a incumplir las leyes. Ayer, Ferrín reconoció que el relato cronológico de las resoluciones relativas a la adopción de esta pareja planteado en la querella era cierto. Y los escritos hablan por sí mismos. El juez recibió en mayo de 2006 el expediente. Vanesa de las Heras quería adoptar a Candela, hija biológica de su esposa Susana. Si se hubiera tratado de una pareja heterosexual, el procedimiento no habría tardado apenas. Pero Ferrín empezó a "defender a la menor", como señaló ayer varias veces. Para empezar, pidió un informe psicosocial. Pero no le gustó el que llegó porque no entraba a valorar si las adopciones por parte de homosexuales eran buenas o malas. Después, nombró a la niña un defensor judicial porque consideraba que su madre era "parte interesada" y que no defendería bien sus intereses.

El defensor nombrado fue la Dirección General de Familia de Murcia, y una psicóloga de la entidad elaboró otro informe, también favorable. El juez la requirió entonces para que respondiera a preguntas como las siguientes: "¿No es un derecho del menor el de ser insertado en una familia "normal", formada por personas de distinto sexo y que, por ello, son complementarias entre sí? ¿No es alta la probabilidad de que sea homosexual, imitando el patrón que ha vivido en casa en sus años fundamentales para la formación de su personalidad?" Y pretendía que las contestaran no sólo esta psicóloga, sino "todos" los de la Dirección del Menor, a los que amenazaba con citar personalmente si no respondían. Finalmente, planteó una cuestión de inconstitucionalidad. La pequeña Candela aún no ha sido adoptada. Todo lo que ocurrió desde mayo de 2006 fue irregular. O, al menos, jamás hubiera sucedido si el matrimonio hubiera sido heterosexual.

Pero el magistrado insistió ayer en que la querella es "fraudulenta" y que él no pretendía retrasar nada, sino sólo asegurar que se cumplían las garantías de Candela. El problema es que, quisiera o no quisiera obstaculizar el expediente, aplicó la ley de una forma peculiar sólo por la condición sexual de las mujeres. Y puso tantas trabas que el proceso se convirtió en un auténtico infierno para ellas.

Ferrín fue suspendido cautelarmente en febrero por esta querella y antes llevaba meses de baja por depresión. Fue también sancionado por el Consejo General del Poder Judicial con una multa de 600 euros por un caso en el que otorgaba la custodia de los hijos al padre argumentando que tener una madre lesbiana perjudicaba a los niños. Tiene también un expediente abierto por el caso de Vanesa y Susana.

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Sobre la firma

Mónica Ceberio Belaza
Reportera y coordinadora de proyectos especiales. Ex directora adjunta de EL PAÍS. Especializada en temas sociales, contó en exclusiva los encuentros entre presos de ETA y sus víctimas. Premio Ortega y Gasset 2014 por 'En la calle, una historia de desahucios' y del Ministerio de Igualdad en 2009 por la serie sobre trata ‘La esclavitud invisible’.

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