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Suiza reabre el debate sobre la muerte digna

Un grupo de políticos liderado por el diputado Didier Berberat y el senador Luc Recordon, en representación de una amplia coalición de socialistas, ecologistas y liberales, ha presentado una moción con el fin de que la asistencia al suicidio forme parte del programa oficial de estudios de las escuelas de medicina y enfermería de Suiza.

Según dicho texto, los partidos solicitan al Consejo Federal (Ejecutivo) que "la problemática de la asistencia al derecho a la muerte digna sea introducida en los programas de estudios de las facultades de Medicina y en las escuelas profesionales de enfermería, en cuanto objeto de estudio complementario al de los cuidados paliativos".

A pesar de la conocida tolerancia suiza respecto a la muerte digna, la cuestión del fin de vida dista mucho de estar cerrada. En particular, debido a una serie de suicidios asistidos muy polémicos protagonizados recientemente por la sociedad Dignitas.

La ministra del Interior, la derechista Eveline Widmer-Schlumpf, dijo que "se buscarán soluciones con un espíritu abierto y liberal" para regular la práctica del suicidio asistido. En declaraciones al diario Le Temps, la ministra se declaró "fuertemente impresionada" por los recientes suicidios mediante asfixia con sacos de helio llevados a cabo por Dignitas. En su opinión, no puede aceptarse que la muerte llegue en condiciones tan indignas. Igualmente se declaró contraria al turismo de la muerte.

Legislación permisiva

En Suiza, al contrario que en España, la asistencia al suicidio no está perseguida por la ley, pero tampoco está permitida formalmente, lo que crea no pocos quebraderos de cabeza a las autoridades.

"Si lo que busca el Gobierno es que haya más transparencia, estamos de acuerdo, pero si se buscan establecer más trabas, nos opondremos", dijo a este diario Jerôme Sobel, presidente de Exit. Esta asociación practica el suicidio asistido con ciudadanos suizos y residentes, a diferencia de Dignitas, que recibe pacientes de toda Europa a cambio de sumas de dinero.

La existencia de estos pagos, que pueden superar los 4.000 euros, no es ajena a la polémica. Sobel aboga por "una formación reglada de los acompañantes que asisten al suicidio", y que se les otorgue "un reconocimiento profesional, equivalente al de las parteras".

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