Costumbre valenciana

La Generalitat de Valencia no podía escoger peor momento para anunciar una extravagante iniciativa sobre inmigración para la que, además, carece de competencias. Justo cuando el paro empieza a extenderse entre los trabajadores extranjeros, el Gobierno de Camps ha anunciado una ley autonómica que les obligue a firmar un "compromiso de integración", inspirado en una de las propuestas del Partido Popular durante la última campaña electoral. Parece un despropósito que, ante los signos de crisis económica, la Generalitat muestre una súbita preocupación por el respeto de los valores y las costumbres, y no por el crecimiento del desempleo y sus previsibles consecuencias sociales.

A diferencia del documento equivalente anunciado por Rajoy, el que ahora propone el Gobierno valenciano no se denomina contrato, acentuando, así, su carácter de extemporáneo brindis al sol. La vaguedad de la iniciativa, además de su manifiesta inutilidad -reconocida por los propios promotores-, hace suponer que la Generalitat sólo ha pretendido un golpe de efecto. Pero lo que no está claro es a quién va dirigido.

Es difícil imaginar que Camps y su Ejecutivo ignorasen la interpretación que tendría este "compromiso de integración" en un partido que, como el PP, atraviesa un periodo de dificultades internas. Pese a que el presidente de la Generalitat ha comprometido su apoyo a Rajoy en el congreso de junio, que se celebrará precisamente en Valencia, su nombre se baraja como una posible alternativa para sucederle en el liderazgo. Desde esta perspectiva, el "compromiso de integración" ha podido servir como reclamo para mantener a Camps bajo los focos, sin que, por otra parte, aparezca desafiando a Rajoy, según ha hecho Esperanza Aguirre, otra candidata en potencia. Camps cubre todos los flancos: reclama protagonismo, pero al mismo tiempo aparenta desarrollar el programa con el que el actual líder del PP concurrió a las elecciones.

La iniciativa de la Generalitat suscita las mismas dudas sobre su compatibilidad con el Estado de derecho que la propuesta de Rajoy durante la campaña electoral. No es necesario ningún compromiso escrito para que los extranjeros estén obligados a cumplir la ley. Y las costumbres, por su parte, no son exigibles a nadie, se trate de nacionales o de extranjeros. La comunidad que dirige Camps se ha convertido durante la última legislatura en una reserva del PP frente a algunas leyes aprobadas por el Congreso de los Diputados, como la referente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, entre otras. El Estado de las autonomías no ampara esta estrategia, que lleva camino de convertirse, en efecto, en una costumbre valenciana.

En el caso de la inmigración es exigible, además, que las comunidades y el Gobierno central no se lancen por la vía de las aventuras imaginativas y, menos aún, por la de los fuegos artificiales.