Coartadas del miedo

A 54 días del asesinato de Isaías Carrasco, la alcaldesa de ANV en Mondragón, que se negó a condenar el crimen, sigue en su puesto. La moción de censura para separarla del cargo con los votos de los partidos opuestos a la violencia tenía por objeto evidenciar que las divergencias entre los demócratas cedían ante el imperativo de rechazar la utilización del asesinato como arma política. Ese objetivo ha fracasado: lo que se ha puesto de relieve es que otros factores pesan más para algunos partidos que el rechazo a ETA.

Así, en el momento en que la banda avala con varios atentados la extensión de su amenaza a todos los socialistas, y trata de provocar en el vecindario reacciones contra la presencia en sus barrios de sedes de ese partido, hay formaciones que hacen compatible su rechazo al terrorismo con la búsqueda de pretextos para no enfrentarse a los terroristas y a quienes les legitiman. Uno de esos pretextos es que restringir la presencia de la izquierda abertzale en las instituciones, en la línea de la Ley de Partidos, da excusas a los violentos. Sin embargo, es más bien lo contrario: negarse a pactar con ellos mientras no corten amarras con ETA será un incentivo para que lo hagan. Y viceversa.

Pero, además, no se trata de sacarles del Ayuntamiento, sino de la alcaldía. En Mondragón, ANV cuenta con siete ediles, y el resto con 14. Es legítimo evidenciar que son una minoría frente a los partidos que consideran injusto hacer política asesinando concejales. No existía la Ley de Partidos cuando, tras el asesinato del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco, las demás formaciones se unieron para desalojar de la alcaldía de Mondragón a un alcalde de HB.

Una razón de ello es que el lehendakari de entonces, Ardanza, ejerció su liderazgo para poner de acuerdo a todos los partidos no violentos. Ibarretxe ha renunciado a asumir esa responsabilidad. No quiere hacer nada que comprometa la unidad de su tripartito o le indisponga contra EHAK (la otra careta de Batasuna), cuyo apoyo necesita para obtener luz verde a su consulta soberanista. Su coartada, compartida por el sector de su partido encabezado por Egibar, es que ETA no debe condicionar el derecho a decidir de los vascos, del que hace depender a su vez (ilusamente) la retirada de la banda.

La inicial oposición de Egibar a apoyar la moción provocó una reacción enérgica de los socialistas que obligó a intervenir a Urkullu, presidente del PNV. Su propuesta alternativa, destinada a ganar tiempo y disimular que era una rectificación, fue la de invitar previamente a los de ANV a condenar las amenazas de ETA, instarles a dimitir si no lo hacían y sólo después de que se negaran a plantear la moción de censura. Los socialistas aceptaron ese rodeo en aras de la unidad y por facilitar las cosas a Urkullu en su batalla interna. Ahora se ve que fue una ingenuidad. Los aliados del PNV han hecho el trabajo sucio para rechazar esos pasos previos, dando de paso la coartada que necesitaba Ibarretxe para seguir silente y escondido.