¿Hay agresiones que nadie graba? "Sí"

Ella lo tiene en el móvil. Desde hace meses. Un vídeo de 30 segundos, de mala calidad, pasado de un teléfono a otro en las largas guardias de vigilancia del metro. "Ya sabes, un amigo se lo pasa a otro amigo... Hay muchos", explica ella, una vigilante menuda, con gesto resuelto y dispuesta a hablar con una condición: que no se la identifique.

En su teléfono, las imágenes minúsculas muestran a dos vigilantes que golpean y persiguen a un hombre por las escaleras mecánicas de una estación del suburbano. El que capta la escena con el móvil hace ruiditos, "efectos especiales".

"Te dan los grilletes y te sueltan allí a trabajar, sin explicarte nada"

"Sí, son compañeros, se graban ellos mismos, pero este vídeo es viejo", añade la mujer antes de enviarlo por Bluetooth a un móvil de EL PAÍS. Y de ahí, al escándalo. Porque esas mismas imágenes, sobadas ya de tanto envío y que Metro y la empresa de seguridad Prosegur conocían desde hace meses, se convirtieron en una bomba cuando pasaron del móvil a las páginas del periódico, de ahí a la web, a los telediarios y luego a los despachos. Con su difusión masiva llegaron las condolencias, las denuncias tardías, las excusas públicas...

Hasta cinco vídeos distintos han sido difundidos por EL PAÍS esta semana. Todos con un denominador común: vigilantes grabados por sus compañeros mientras agredían a hombres solos en pasillos desiertos del metro.

Casi todas las personas consultadas para este reportaje coinciden en que son hechos aislados, cometidos por "bárbaros" que no representan a los 22.550 vigilantes de la región (141.000 en España), según datos de Aproser, la patronal del sector. En el metro trabajan unos 2.000 para seis empresas diferentes.

Comisiones Obreras y Alternativa Sindical, dos de las organizaciones con representación en el sector, calculan que "unas 50 personas" forman ese grupo de "bárbaros". "Una minoría", dicen. Ni Metro de Madrid ni el Ministerio del Interior ofrecen estimaciones. Pero, como muestran los vídeos, existen. La polémica deja encima de la mesa muchas dudas. ¿Cómo se forma y se elige a esos trabajadores? ¿Quién debe controlar que cumplen sus funciones? ¿Por qué los vídeos circularon durante meses sin que nadie los denunciara?

Vayamos por partes. La figura del vigilante está regulada por la Ley de Seguridad Privada. Para conseguir la acreditación hay que seguir un curso de 180 horas, repartido en seis semanas, en uno de los 450 centros de formación de España (un centenar en Madrid, según Interior). Después, es necesario superar el examen que organiza Interior, con siete convocatorias al año.

Un responsable de la Jefatura de Seguridad Privada de la Policía Nacional explica que en esos cursos los futuros vigilantes aprenden técnicas de identificación, fórmulas para dirigirse a los ciudadanos o colaboración con las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado, entre otras materias. Pero la vigilante asegura que ella superó el cursillo de Prosegur en una semana. Además, es necesario el graduado escolar y un certificado que acredite que el aspirante carece de antecedentes penales.

El Ministerio del Interior también solicita un certificado psicotécnico. No realiza pruebas psicológicas a los aspirantes, como han reclamado asociaciones y sindicatos durante esta semana tras ver las imágenes de los golpes, las bofetadas, las palizas y las risas. Porque todos los implicados en los vídeos estaban habilitados, disponían de placa, habían pasado los controles y llevaban años en el sector.

Uno de los personajes más polémicos, que aparece en tres de los vídeos, es conocido entre los vigilantes del metro como El Oso. Hace más de un año que ya no trabaja en el suburbano. Pero no fue denunciado hasta el pasado miércoles por su empresa, por lo que mantiene su acreditación y puede ir a otra empresa de seguridad a pedir trabajo.

El viernes declaró a la policía que estaba "muy arrepentido". En una de las grabaciones abofetea y patea a un usuario tras pedirle el billete. Pero, según Metro, los vigilantes no están habilitados para reclamar el título de transporte en el suburbano. ¿Nadie le explicó a ese hombre que pedir billetes a los viajeros no era su cometido?

La vigilante anónima asegura que ella empezó a trabajar en el metro de un día para otro, sin que le dieran muchas explicaciones. "Te dan los grilletes y te sueltan allí, sin explicarte nada". Se ríe cuando se le pregunta por el reciclaje de 20 horas anuales al que obliga la ley. "Si quieres hacer los cursos, los haces; yo los hago, pero si no te presentas la empresa sella como si los hubieras pasado".

Dos vigilantes más confirman esta versión. "Yo llevo 10 años sin hacer un curso de esos", dice uno. "Nos falta formación", admite el otro. Un tercero, que trabaja en Renfe también para Prosegur, asegura que en su caso la empresa obliga a cumplir la ley. Se acaba de apuntar a uno sobre violencia de género.

Interior admite carencias en la ley, por ejemplo, para controlar el reciclaje y la preparación de los vigilantes. "Echamos de menos un procedimiento sancionador contra los centros de formación", explica un portavoz del ministerio.

A los vigilantes se les prepara, entre otras cuestiones, para portar armas. Según Interior, son muy restrictivos con su uso. En Metro, por ejemplo, los responsables de la seguridad sólo pueden llevar esposas y una porra de goma. Renfe reclamó el uso de armas de fuego a Interior tras justificar posibles riesgos en sus instalaciones. Parte de su personal va equipado con revólveres, lo que les obliga a hacer prácticas de tiro anuales por ley.

Pero circulan otras armas fuera de control. La vigilante sin nombre se las ha visto "tanto a compañeros como a usuarios". Pistolas o porras extensibles de hierro, que están prohibidas. En uno de los vídeos, un agente de seguridad del metro golpea a un mendigo con una de esas porras antirreglamentarias. Le atiza mientras el hombre chilla de dolor. ¿Cómo ha podido conseguirla? Basta marcar un número de móvil, que pasa de un vigilante a otro, para concertar una cita y comprar una sobre la marcha, tal como comprobó el pasado jueves EL PAÍS. La más barata cuesta 65 euros.

Todos los implicados en las grabaciones se enfrentan a la inhabilitación. Una condena firme les sacaría de esa lista que controla Interior y de la que pocos se marchan. Cada año se producen unas cuatro o cinco expulsiones de ese listado en toda España.

Entre noviembre de 2006 y febrero de 2008, este periódico publicó al menos cuatro casos de agresiones de vigilantes en el metro y en Renfe de Madrid. Uno de estos casos, en el que un marroquí denunciaba que le propinaron una paliza en el Cercanías, culminó con una sentencia que obligaba al guarda a pagar sólo 970 euros a su víctima por tres puñetazos.

En el caso de las empresas -Prosegur se enfrenta a una posible sanción por no denunciar los hechos cuando los conoció-, la inhabilitación es aún más rara: Interior jamás ha ordenado paralizar la actividad de ninguna.

Los trabajadores de Metro piden más control policial, o incluso que sea la policía quien vigile en el suburbano. La Jefatura responde que ya disponen de una comisaría en el suburbano y que es suficiente. La vigilante sin nombre asegura que "a los polis se les ve poco ahí abajo".

Cuando termina de pasar el vídeo de móvil a móvil, surge la pregunta: ¿Por qué nunca lo denunció ningún compañero?

-No lo denuncias porque no quieres líos. Ya les dije a todos que lo borraran. Esto no hubiera pasado si me hubieran hecho caso.

-¿Has participado en alguna actuación con violencia?

-Claro, pero normalmente soluciono las cosas hablando.

-¿Crees que hay muchas más agresiones que nadie graba?

No tarda ni un segundo en contestar: "Sí".