Las compañías de móvil boicotean la tasa municipal del 1,5% de sus ingresos

Falta dinero en las arcas municipales. Los impuestos del ladrillo han caído en picado y han dejado temblando la caja de los principales ayuntamientos. Así que hay que buscar dinero debajo de las piedras. O en los tejados. Más de 350 ayuntamientos -entre ellos Madrid, Barcelona y Sevilla- han comenzado a liquidar este mes a las compañías de móviles una tasa del 1,5% de sus ingresos por las 60.000 antenas que tienen colocadas en azoteas y otras áreas urbanas.

Telefónica, Vodafone y Orange han hecho frente común contra esta nueva tasa. La consideran ilegal puesto que las antenas y otras instalaciones están en emplazamientos privados, por los que ya pagan un alquiler. No estarían, por tanto, afectadas por la llamada "tasa de aprovechamiento especial del dominio público local para la telefonía móvil", que sí deben pagar otras compañías de telefonía fija o las eléctricas.

Las firmas avisan de que las tarifas tendrían que subir un 2%

Las tres compañías se han negado a pagar el primer recibo trimestral de esta tasa, liquidado en este mes, y han recurrido el gravamen ante los juzgados de lo contencioso-administrativo. Fuentes de las operadoras y de Redtel, la asociación que les representa, han asegurado que, "en ningún caso se ha pagado la tasa", aunque reconocen que han tenido que depositar avales hasta que se sustancie el proceso judicial.

Entre los municipios que han liquidado la tasa están Madrid, Barcelona, Sevilla, Zamora, Logroño, Córdoba, Murcia, Vitoria, Badalona, Elche, Oviedo, Alcalá de Henares, Cartagena, Móstoles, Sabadell y Terrassa. Curiosamente, muchos de esos municipios se niegan a dar permisos para colocar nuevas antenas, según las quejas de Redtel.

Los ayuntamientos pretenden recaudar alrededor de 270 millones anuales por este concepto. La tasa se cobra en cuatro plazos trimestrales teniendo en cuenta el número de abonados y el ingreso medio por abonado de cada compañía. Como quiera que éstas no facilitan a los municipios las cifras al estimar que no tienen competencias para recabar esta información, las entidades locales hacen sus estimaciones tomando como referencia los datos facilitados por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones.

Las compañías ya han avisado de que si se generaliza este "nuevo ataque fiscal" tendrían que subir las tarifas un 2% de media. Sólo el Ayuntamiento de Madrid pretende recaudar 18,4 millones de euros. Fuentes del consistorio han reconocido que ninguna de las compañías ha hecho frente al primer pago.

En realidad, no es la primera vez que las entidades locales intentan colocarle este rejón fiscal a las compañías celulares. El primer intento fue a comienzos de esta década, pero tras un largo contencioso, municipios y operadoras llegaron a un acuerdo para excluir esa tasa de la Ley de Haciendas Locales a cambio de incrementarle el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). En este momento las compañías de móviles pagan más de 80 millones de euros anuales por este concepto, un 900% más de lo que pagaban en 2002. Además, el sector de la telefonía paga al Estado 250 millones de euros por la utilización del espacio radioeléctrico, es decir, las frecuencias que usan para la comunicación.

Salvo algunos ayuntamientos catalanes, agrupados en Localret, las entidades locales respetaron el pacto de 2002. Pero la crisis inmobiliaria y la caída de ingresos por las tasas a la telefonía fija despertaron otra vez las ansias recaudatorias sobre un sector boyante. Así que el pasado año, PSOE, PP e IU llegaron a un pacto para que la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) remitiera una circular a los ayuntamientos aconsejando que se aprobaran las ordenanzas que permitieran el cobro de la tasa.

Las compañías, por su parte, señalan que la tasa no ha sido reclamada ni a radios ni a televisiones, pese a que ambas también tienen instaladas antenas. Además, indican que el Tribunal Supremo, en sentencia de julio de 2007 planteada en Reus, dice que la telefonía móvil está exenta.