La financiación une a Cataluña y Valencia

La idea del Gobierno catalán de buscar aliados entre las comunidades autónomas que tienen problemas comunes, más allá de su color político, ante la negociación del próximo sistema de financiación va cogiendo forma. La Comunidad Valenciana, gobernada por el PP, se sumó ayer al frente impulsado por Cataluña (tripartito de izquierdas) y Baleares (socialista).

"Me gustaría subrayar mi plena coincidencia con los planteamientos y el diagnóstico sobre financiación autonómica del consejero [de Economía catalán] Antoni Castells", aseguró ayer en dos ocasiones el vicepresidente y consejero de Economía de la Generalitat valenciana, Gerardo Camps. Unos planteamientos que suscitan un nítido rechazo en otras comunidades socialistas (Andalucía, Castilla-La Mancha o Galicia, entre otras) y populares (Castilla y León).

Las comunidades ricas sostienen que aportan demasiado a las regiones pobres

Las autonomías buscan socios para la 'guerra' al margen del color político

Los dos consejeros se reunieron antes de clausurar unas jornadas empresariales en Barcelona. "Son más las cosas que nos unen que las que nos separan", enfatizaron ambos. Camps destacó el considerable aumento de la población debido al impacto de la inmigración y la falta de recursos de las comunidades para prestar servicios básicos. "Se producen tensiones que hacen que comunidades como Cataluña o Valencia, tengan déficit, frente al superávit de la Administración central", recordó Camps en total sintonía con Castells.

"Nuestra propuesta de financiación no es en contra de nadie, sino mejor para nosotros", destacó Castells. "Deseamos poder avanzar compartiendo fórmulas con otras comunidades, más allá de las posiciones ideológicas", subrayó el consejero catalán, quien hace un mes se reunió con su homólogo balear, Carles Manera, para abordar una "estrategia común", según declaró entonces Manera.

Además de criticar el desfase en el cómputo de la población (ahora se usa el padrón de 1999), las comunidades más ricas han centrado sus quejas en que la aplicación del fondo de suficiencia -la garantía de que todos los ciudadanos reciben la misma prestación en los servicios públicos- es excesiva. Una conclusión que cimentan en que los recursos por habitante que reciben Baleares, Madrid o Cataluña son menores (ver gráfico) que los que llegan a Extremadura o Castilla y León.

Castells avanzó el pasado viernes su pretensión de que el fondo de suficiencia se limite a garantizar la igualdad en la prestación de salud, educación y servicios sociales. Es decir, que el fondo de suficiencia se aplique sólo a entre "el 65% y el 75%" de las necesidades de gastos que el sistema reconoce a las autonomías.

La propuesta de Castells, que también busca el respaldo de otras comunidades como Madrid, ha abierto la caja de los truenos. Andalucía, que tiene en su estatuto una cláusula similar a la que esgrime Cataluña, hace una interpretación diametralmente distinta. "¿Cómo vamos a dejar fuera de los servicios básicos del Estado del Bienestar la justicia o la vivienda, que es lo que más demandan los ciudadanos?", se pregunta el vicepresidente económico de la Junta, José Antonio Griñán (PSOE). "Al menos debería incluirse también empleo y vivienda", opina el consejero de Hacienda de Aragón, el también socialista Alberto Larraz.

El coro de voces en contra se ha ampliado desde el viernes. "No es una propuesta razonable y Galicia no la va a aceptar", explica José Ramón Fernández Antonio, consejero de Hacienda de la Xunta (PSOE), informa Manuel V. Sola. "Tras la idea catalana está la idea federal del Estado español, que no es la que recoge la Constitución", añade Pilar del Olmo, titular de Hacienda de la Junta de Castilla y León (PP). "Estamos en contra de una propuesta que limita la igualdad de oportunidades en servicios esenciales", corrobora la vicepresidenta económica de Castilla-La Mancha, la socialista Maria Luisa Araujo.