Distintos criterios y el mismo objetivo

Las comunidades menos desarrolladas rechazan que se limiten los mecanismos de igualdad financiera, aunque con planteamientos muy distintos.

ANDALUCÍA (PSOE)

El incremento demográfico que ha registrado los últimos años la une a las comunidades de mayor renta per cápita en su defensa de la población como "criterio fundamental" en el reparto de recursos. Pero el vicepresidente económico de la Junta, José Antonio Griñán, además de defender que el mecanismo de nivelación siga afectando a todos los servicios públicos básicos, reivindica que los recursos destinados a educación tengan un tratamiento específico, como sanidad y asuntos sociales. Griñán cree que al distribuir recursos debe tenerse en cuenta a la edad en población escolar. "En servicios sociales hay que ampliar su peso por la aplicación de la Ley de Dependencia", dice.

GALICIA (PSOE-BNG)

La comunidad que dirige el socialista Emilio Pérez Touriño tiene su propia propuesta elaborada y ha tenido contactos con Castilla y León, Asturias y Extremadura para formar un lobby con las autonomías menos prósperas. La principal peculiaridad gallega es la dispersión poblacional (tiene 30.000 núcleos de población, la mitad de los que hay en España). "Lo más gráfico es el transporte escolar. A nosotros nos cuesta el doble o el triple por la dispersión y eso no lo recoge la propuesta catalana", expone el consejero de Economía, José Ramón Fernández. Galicia quiere que el nuevo modelo de financiación dé más importancia al sobrecoste en el gasto social por el envejecimiento de la población y la dispersión.

CASTILLA Y LEÓN (PP)

"En esto no hay colores políticos", sentencia la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo. Los intereses de esta comunidad, gobernada por los populares, están mucho más próximos a las socialistas Galicia y Asturias que a otras autonomías dirigidas por el PP. Del Olmo cree que los problemas del sistema vienen de que no se sabe cuál es el nivel de prestación de los servicios públicos en cada comunidad y cuánto cuestan en cada caso. "Hemos pedido que se cree una comisión técnica para saber qué es lo que queremos nivelar", explica Del Olmo. Un informe encargado por su Gobierno a la Universidad de Valladolid minimiza la importancia de la población y destaca el coste asociado a variables territoriales (superficie, densidad) y de infraestructuras.

CASTILLA-LA MANCHA (PSOE)

La vicepresidenta de esta comunidad, María Luisa Araujo, se apunta a la tesis de que no es justo igualar los recursos por habitante que recibe cada comunidad. "En las comunidades con menor renta relativa, sus ciudadanos piden más servicios públicos que en las ricas donde hay una demanda que va al sector privado", argumenta. La vicepresidenta comparte la iniciativa andaluza de tener en cuenta la población en edad escolar al repartir los recursos destinados a educación.

ARAGÓN (PSOE)

"Para garantizar la asistencia sanitaria a nuestros ciudadanos, nosotros tenemos que construir un 50% más de centros de salud que otras comunidades con la misma población". Con este gráfico ejemplo, Alberto Larraz, consejero de Hacienda aragonés justifica la exigencia de su Gobierno de que la superficie se tenga más en cuenta al distribuir el dinero del sistema.