300 agentes toman la Cañada Real para asegurar el derribo de cuatro casas

Juan Arnés, un boliviano que hasta ayer vivía en la Cañada Real Galiana (Vicálvaro), se encontró con una desagradable noticia al regresar de su trabajo. Un vecino le avisó de que dos excavadoras acababan de tirar la pensión en la que vivía junto con su familia. Sus pertenencias estaban a la intemperie, llenas de polvo, y el techo que le había guarecido durante tres años se había convertido en cuestión de dos horas en escombros.

Como Juan Arnés, otras 13 familias de la Cañada Real vivieron la misma situación cuando tres potentes excavadoras derribaron las cuatro construcciones ilegales que hasta entonces habían sido sus hogares. Un férreo control policial, formado por unos 300 agentes, evitó los disturbios y los heridos que se produjeron en el último desalojo. Los vecinos aseguran que los juzgados no avisaron a los afectados y que, por eso, los derribos eran ilegales.

El despliegue de la policía comenzó antes de las nueve de la mañana. Las furgonetas de las Unidades de Intervención Policial (UIP, más conocidos como antidisturbios) irrumpieron en la Cañada y se desplegaron por los edificios de Covibar, en Rivas-Vaciamadrid, y en los accesos a las viviendas que iban a ser demolidas.

Los vecinos se sentaron en medio del camino para impedir la entrada de las excavadoras, pero los antidisturbios, pertrechados de cascos y escudos, los empujaron hasta sacarlos del lugar, en medio de protestas y gritos de los expulsados."Asesinos", "provocadores", "el pueblo no os quiere" y "fuera, fuera" fueron algunos de los improperios que los vecinos de la cañada y de algunos seguidores del movimiento okupa le soltaron a la policía. El dispositivo estaba formado por un helicóptero, cuatro grupos de la UIP (160 agentes), dos grupos de los Grupos Rurales de Seguridad de la Guardia Civil (80 funcionarios), una docena de policías a caballo, agentes municipales de Madrid y de Rivas-Vaciamadrid, además de policías de la Brigada Provincial de Información (dedicados a la lucha antiterrorista y contra grupos antisistema).

Tres agentes de esta brigada protagonizaron un incidente con los vecinos concentrados. Salían, junto con otros seis compañeros, de la zona del derribo y pasaron por delante del cordón policial. Los okupas y los vecinos se percataron de que tres de ellos se habían quedado retrasados y comenzaron a increparlos.

Los agentes, en lugar de seguir su camino, se quedaron quietos, mientras llegaban más manifestantes. "¡Sinvergüenzas, vendidos!, así tiráis las casas de los pobres", les espetaron. Poco a poco fueron arrinconándoles contra las casas, lo que motivó que acudiera una decena de antidisturbios. Empujaron a todo el que se puso en medio. Un agente de paisano con la capucha puesta tiró al suelo el móvil a una chica que hacía una foto.

"¡A ti no te mimaban de pequeña en casa. Se te nota en la cara!", le gritó una joven a una policía de paisano. Tras los insultos, los empujones y los chillidos, los antidisturbios escoltaron a los agentes y se marcharon del lugar.

Mientras, las excavadoras dejaban hechas trizas dos casas y una pensión en la que vivían ocho familias procedentes de Cochabamba (Bolivia). Pagaban entre 300 y 500 euros al mes. "¿Para qué voy a volver aquí? Me buscaré un piso con el resto de mi familia y me olvidaré de todo lo que estoy pasando", explicó Juan Arnés, mientras recogía a mediodía un reproductor de DVD. Al lado, uno de sus hijos no dejaba de llorar.

"No nos han dicho nada. Nos hemos ido a trabajar y, cuando hemos vuelto, nuestra casa estaba destruida", protestaba Iman, que lleva tres años en la Cañada.

La abogada de la Asociación de Vecinos de la Cañada Real, Patricia Fernández, aseguró que los derribos no habían sido notificados y que eran ilegales. De hecho, cuando fueron a los juzgados a paralizar la demolición, ya era tarde, porque se había producido. "El Ayuntamiento está vulnerando derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio o la protección de la justicia", afirmó la letrada. Entre las casas derribadas, están las del presidente y vicepresidente de la asociación.

Fuentes de la Gerencia de Urbanismo informaron de que las órdenes de derribo fueron notificadas por los juzgados de lo contencioso-administrativo 8, 14 y 18. Los vecinos fueron realojados por el Samur Social en pensiones. Estarán un máximo de tres días. Un centenar de personas se concentró por la tarde para protestar por los derribos.

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