Una docena de familias desalojadas de la Cañada demanda al Ayuntamiento de Madrid
Sus abogados aseguran que no había orden judicial y que violaron sus "derechos fundamentales".- El consistorio lo niega y sostiene que su actuación se ajustó "a lo que establecía la legalidad"
Una decena de familias bolivianas, que fueron desalojadas el 22 de abril de un edificio de la Cañada Real en el que vivían alquilados y que a continuación fue derribado, han demandado hoy al Ayuntamiento de Madrid porque, sostienen, actuó "sin una orden judicial de desalojo" y violó sus "derechos fundamentales". Fuentes municipales han negado estas acusaciones y aseguran que su actuación fue "ajustada a lo que establecía la orden y la legalidad". Desde el departamento de Urbanismo, un portavoz ha recordado que en casos como éste "es el juzgado quien comunica el desalojo y quien ordena, el Ayuntamiento sólo cumple la orden". En concreto, fue el Juzgado 14 de Madrid y la fecha del auto es del 21 de febrero.
Fuentes de la parroquia de San Carlos Borromeo, donde todavía permanecen acogidas 10 de las 12 familias bolivianas desalojadas hace más de dos semanas, han informado de que la demanda ha sido presentada ante un juzgado de lo Contencioso Administrativo de la Gran Vía por un grupo de 10 abogados que colabora con ellos desde hace tiempo. Entrevistada por la cadena SER, una de las abogadas ha señalado que, con independencia de que exista o no orden de desalojo, que lo dudan, se han violado "al menos tres" derechos fundamentales: "el de la intimidad, el de la inviolabilidad de domicilio y el de defensa, ya que no estaban en el momento de la ejecución de la sentencia". La abogada recuerda que estas familias, que llevaban una medida de tres años viviendo en las casas ahora destruidas, son personas "especialmente desprotegidas" al ser inmigrantes.
En la conocida como Iglesia roja de Entrevías, están acogidos más de 20 inmigrantes bolivianos, entre ellos una decena de niños, algunos de los cuales son trasladados a diario en coches de voluntarios hasta un colegio de Rivas-Vaciamadrid. "Desde el martes 22, tras el atropello sufrido por parte de las Administración derribando sus viviendas", dicen en la parroquia, duermen en el templo, con sus colchones extendidos en el suelo entre los bancos y al pie del Cristo colocado en una pared. Mientras, los responsables de San Carlos Borromeo están "a la espera de que algún responsable político se acerque a dialogar" y buscan "los recursos necesarios para que estas personas puedan volver a vivir con dignidad como lo hacían antes del derribo de sus viviendas".
El Ayuntamiento actuó "correctamente"
"Una vez más, la solidaridad de parte de la ciudadanía y el compromiso con aquellos que sufren vilmente el atropello de sus derechos fundamentales ha hecho que nuestra parroquia sea lugar de refugio y acogida para algunas de estas familias", afirman.
El 22 de abril, efectivos de la Policía Nacional desalojaron a varias decenas de personas de tres inmuebles del sector 5 de la Cañada Real y las excavadoras tiraron abajo los edificios, sin que se produjeran incidentes. En uno de esos edificios, uno de tres plantas y propiedad del presidente del Sector 5 de la Cañada Real, vivían de alquiler una veintena de familias, la mayoría de origen boliviano, la mitad de las cuales viven acogidas en la parroquia de Entrevías.
Entrevistado por esta web, el portavoz de Urbanismo ha expresado su "escrupuloso respeto" a la decisión de las familias de recurrir a la Justicia, al tiempo que ha negado la acusación. A su juicio, el Ayuntamiento ha actuado "correctamente", por lo que confía en que los jueces le de la razón. "Se ha hecho con orden judicial, amparados por esta orden y cumpliendo esta orden", ha dicho, para recordar que "es el juzgado quien ordena los desalojos". Preguntado por la posibilidad de que existiera dicha orden pero que no se le comunicara a las familias, Urbanismo recalca que el responsable de comunicar dichas órdenes es el propio juzgado.
