Medio millar de personas protesta en la Cañada Real contra los derribos

Mónica vive con miedo. Teme quedarse, de un día para otro, sin techo bajo el que dormir. Su casa, en el sector 5 de la Cañada Real Galiana, el más cercano al distrito de Vicálvaro, está amenazada por una notificación de derribo. "Fui al juzgado y me dicen que está parado, pero después de lo que pasó el martes...". Lo que pasó el martes tiene en vilo a media Cañada: las excavadoras municipales demolieron cuatro casas. Sin apenas dar tiempo a sus ocupantes para recoger sus pertenencias.

Mónica lo contaba ayer frente a una de ellas, en el número 71 bis. Del edificio amarillo de dos plantas donde vivía Ali El Moussati con su mujer y sus cinco hijos sólo queda una montaña de ruinas. Allí acabó ayer una manifestación que concentró a medio millar de personas para protestar contra los derribos.

Los habitantes de la Cañada, entre los que había mayoría de origen marroquí, caminaron varios kilómetros desde el sector más cercano a Coslada. Muchos se fueron sumando a la marcha a medida que pasaba por delante de sus viviendas. En las pancartas se leía "Pagamos impuestos, tenemos derechos" y "Son casas, no chabolas", entre otros lemas. A pesar de que la manifestación no estaba autorizada, la policía no apareció por allí.

La familia de Ali duerme ahora justo enfrente, en casa de una de las hijas, ya casada. Se han juntado 11 personas. Ayer, Ali enseñaba la portada de un periódico local que mostraba, todavía en pie, su "chalé, de 300 metros construidos". La mirada pasaba alternativamente de la foto al montón de escombros en que se han convertido los "40 millones de pesetas" (unos 240.400 euros) que invirtió en la vivienda. "Nadie me dijo que no podía construir aquí. Yo no ocupé nada, le compré la parcela a un español". Ali, que lleva 32 años en España trabajando en la construcción, es el vicepresidente de la asociación de vecinos del sector 5.

La amenaza de nuevas demoliciones -los vecinos hablan de una veintena, que podrían empezar mañana- ha calado entre los habitantes de la Cañada. Aunque las órdenes judiciales han comenzado a llegar al sector 5, el más cercano a Valdemingómez (la zona más degradada), en la marcha de ayer participaron vecinos de toda la Cañada. También de los tramos donde nada hace sospechar que las edificaciones son ilegales: casas bien cuidadas, tendido eléctrico, naves de empresas...

"Nosotros queremos ser legales, como todo el mundo", decía ayer Joaquín Jiménez, que vive en el sector 4 desde hace 30 años. "Solicitamos la electricidad a Unión Fenosa y el agua al Canal, pero nos dijeron que los municipios no les dan licencia para tirar las líneas". Los vecinos piden una solución negociada. Están dispuestos a pagar por el terreno. O al menos, que les indemnicen por los derribos.

Mientras, la situación es paradójica. Cuarenta mil personas viven de manera ilegal, pinchando el agua y la luz, pero reconocidos por los ayuntamientos mediante el padrón y el impuesto de bienes inmuebles. Con el recibo del IBI en la mano, Ali no podía apartar los ojos de la que fue su casa: "Y ahora, ¿adónde voy?"