Una red más segura

No todos los internautas son conscientes de que los datos que dejan al navegar por la Red se mantienen durante año y medio por parte de los proveedores de contenidos o que están vigilados por grandes ojos -eso sí, electrónicos y sin vista cansada- cada vez que entran en un edificio, aparcamiento, centro comercial, comunidad de propietarios, comercio, hotel o museo, entre otros.

Si algo caracteriza a la sociedad actual y a las empresas es la unión que existe entre ambas a consecuencia del multimillonario tráfico de datos personales y del intercambio de información, fruto de la sociedad de la tecnología y de la información en la que vivimos. Pero las empresas de todo tamaño y sector de actividad necesitan difundir sus productos y servicios entre sus potenciales clientes mediante la captación, tenencia y tratamiento de sus datos personales. Las bases de datos constituyen importantes activos a este respecto. Pero junto a la necesidad de las empresas de tener y manejar dichos datos y de salvaguardar la seguridad mediante la grabación de imágenes, aparece el derecho de los particulares a una protección adecuada de los mismos, no sólo porque en muchas ocasiones son datos sensibles, sino también para evitar un envío publicitario masivo o la obtención y utilización no consentida de imágenes.

La mayor actividad en la Red recomienda gerenciar el riesgo por la tenencia de datos personales

El aumento del número de ficheros y de la actividad inspectora de la Agencia de Protección de Datos y consecuentemente de la actuación sancionadora recomiendan gestionar el riesgo derivado de la tenencia de datos personales, en primer lugar, mediante el cumplimiento de la normativa legal vigente, pero también considerando la conveniencia de transferir este riesgo a los mercados aseguradores.

A raíz de la promulgación este año del Reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y su entrada en vigor el pasado 18 de abril, el mercado asegurador ofrece soluciones para la cobertura del riesgo cuyos costes son sensiblemente inferiores a las consecuencias de asumir el riesgo a cargo del propio patrimonio o cuenta de resultados (véase gráfico adjunto).

La primera consecuencia de la reclamación de un ciudadano es la intervención de la Agencia de Protección de Datos, quien abrirá un expediente de investigación para determinar si ha existido infracción de la normativa de protección de datos, para, en su caso, sancionar con una multa cuyo importe puede llegar, en los casos de infracciones graves, a 600.000 euros. La cobertura de las multas de la Agencia es una de las que otorga el seguro de protección de datos, pero no es la única ni la más importante, aunque en términos económicos sea la que más preocupe e interese a las empresas, especialmente a las que ya han vivido la imposición de una multa.

El seguro cubre también las reclamaciones por responsabilidad civil que le puedan presentar los clientes, pacientes, empleados, socios, colegiados, huéspedes y terceros en general, por los daños y perjuicios sufridos con ocasión del mal uso de sus datos personales. Y naturalmente, los gastos de defensa jurídica, las fianzas penales y las medidas cautelares, los gastos de investigación, los gastos de restitución de imagen corporativa y personal de ciertos directivos y empleados, los gastos de notificación a terceros y aquellos necesarios, en definitiva, para solucionar el error.

Este seguro se complementa con el de protección de bases de datos propiedad de la empresa por daños, destrucción, pérdida o menoscabo de las mismas.

De esta forma, la empresa protege no sólo sus activos sino que evita consecuencias económicas desastrosas que pueden comprometer gravemente la continuidad de la misma.

José María Elguero es subdirector de Riesgos Financieros y Profesionales de Marsh.