Un gesto por la credibilidad

La Hacienda de Guipúzcoa inició ayer la campaña de la renta de 2007, marcada por la sombra del fraude en la oficina tributaria de Irún. Así que el actual diputado de Hacienda y Finanzas, Pello González, de EA, no dudó en aprovechar la ocasión para tratar de recuperar la credibilidad perdida por esa actuación. Y lo hizo con un gesto simbólico. Visitó la delegación tributaria de la ciudad fronteriza y reivindicó allí la profesionalidad de sus 16 funcionarios.

"El hecho de que hayan existido delincuentes en esta oficina, que hayan actuado indebidamente, no debe empañar la buena labor y gran profesionalidad del resto de responsables" de la delegación, defendió González, acompañado por el director de la Hacienda foral, Pedro Mari Ruiz de Azúa, y la responsable de la campaña del IRPF, Yolanda Domínguez.

El diputado reconoció que recuperar la confianza en la Hacienda foral va a resultar "complicado", ya que todo el buen trabajo realizado durante años "se fue al traste con una actitud demencial". Se refería así al ex director de la oficina de Irún José María Bravo, acusado de ser el cabeza de una trama que se apropió de 1,6 millones de euros. Además de él están imputados su mujer, Rosa Cobos, y sus socios Pilar Gracenea y Pedro Atristain. González declaró hace un par de semanas que cree que en el futuro puede haber nuevas imputaciones.

Después de visitar la oficina tributaria de Irún, González se reunió con la nueva juez encargada de la investigación del presunto fraude, Arantza Brizuela, a quien ofreció toda su colaboración.

Mientras, el abogado Fernando Argote comparecía ante la comisión de las Juntas Generales que investiga las posibles responsabilidades políticas. Allí se comprometió a aportar en breve documentación "relevante" sobre el caso, al parecer relacionada con la forma de proceder de la trama. El presidente de la comisión, el socialista Julio Astudillo, confirmó que sus informaciones pueden resultar importantes. Pero ninguno de los dos quiso dar detalles sobre su contenido.

El letrado ejerció hasta hace poco la acusación popular en el procedimiento penal que se sigue contra Bravo y los demás acusados en el Juzgado de Instrucción número 2 de Irún, pero tuvo que abandonar tras no abonar el incremento de la fianza decretado por la Audiencia de Guipúzcoa.