Justicia recibió quejas contra la psicóloga de Alovera y no actuó

La Consejería de Justicia e Interior del Gobierno regional sabía, desde noviembre de 2006, que numerosas mujeres estaban denunciando problemas graves con Isabel Tagle, psicóloga de los juzgados de Coslada y Torrejón que había examinado a la mujer muerta en el doble crimen machista de Alovera.

Lo sabían por varias fuentes: el Colegio de Psicólogos de Madrid y dos ayuntamientos, San Fernando de Henares y Coslada. La única medida que se tomó fue una amonestación verbal a la psicóloga, en otoño de 2007, a través de la cual se le pidió que "moderara sus formas" y que "siguiera un exquisito procedimiento en sus actuaciones".

Las mujeres pueden ahora comunicar por escrito sus quejas a a la consejería

Tagle siguió en su puesto. No se abrió ninguna investigación adicional sobre sus actuaciones profesionales ni se llamó a los municipios para pedir más información. Finalmente, la psicóloga tuvo una trágica participación en el caso del doble crimen machista de Alovera. Tagle había examinado a la mujer, Sylvina Bassani, a su entonces marido, Javier Lacasa, y al hijo de ambos. Obviando un intento de suicidio, pruebas testificales y la propia declaración del imputado reconociendo haber tirado una televisión al suelo después de enfurecerse porque Sylvina iba a salir de viaje, opinó que en esa familia no había malos tratos y que era ella la que tenía problemas y necesitaba ayuda psicológica. Así lo determinó en un informe de marzo de 2007. Un año después, el 10 de abril, la mujer moría junto a su compañero, ambos abatidos a tiros por su ex marido delante de su hijo de cuatro años.

Muchas de las mujeres atendidas por Tagle en los últimos años han presentado quejas ante los centros de la mujer de sus municipios, por trato desconsiderado y por el tipo de informes que elaboraba, todos muy parecidos, según las mujeres, y recomendando a casi todas que siguieran "tratamiento psicológico" para superar sus conflictos de pareja. Como en el caso de Sylvina.Tantas mujeres protestaban por la actuación de la psicóloga, muchas con problemas de violencia de género, que las concejalas de la Mujer de San Fernando de Henares y Coslada decidieron reunirse con algunas de ellas y tomar cartas en el asunto. A partir de noviembre de 2006 empezaron a enviar escritos a cuatro instituciones: el Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Observatorio Regional de Violencia de Género, el juez decano de Coslada y la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Sólo dos contestaron: el juez decano y el CGPJ, que señalaron que no tenían competencias para sancionar a la psicóloga.

Quien sí tenía competencias era la Consejería de Justicia, para quien trabaja Tagle. Pero no respondió al ofrecimiento de los municipios para reunirse y ampliar la información. Abrió un procedimiento sancionador que acabó en una amonestación verbal. En ese momento ya tenía en sus manos un escrito del Colegio de Psicólogos de Madrid, de noviembre de 2006, con cuatro informes de su comisión deontológica sobre algunas actuaciones profesionales de Tagle. En tres de ellos se hablaba de vulneración de principios deontológicos y se criticaban los informes emitidos por falta de argumentación, escasa fundamentación y falta de respeto a los peritados. El colegio recibió algunas quejas con posterioridad, pero aún las está estudiando y no han sido remitidas a la consejería.

Ante tantas quejas por parte de mujeres en una situación de vulnerabilidad, ¿es suficiente una mera amonestación? "La sanción impuesta se ajusta a los principios disciplinarios", responde una portavoz de la Consejería de Justicia. "Quizá parece poca cosa, pero se adjunta al expediente laboral de la persona y es algo que está ahí para siempre".

Tras la muerte de Sylvina y su compañero sentimental, la consejería abrió un expediente informativo para esclarecer lo sucedido, según indica la portavoz. Las mujeres que se sientan afectadas por las actuaciones de la psicóloga pueden presentar ahora sus quejas por escrito.

Una de las mujeres que probablemente lo haga es I. B., peritada por Tagle en agosto de 2005. Cometió el error de contarle que había sido violada por un compañero de instituto a los 14 años. Esta información fue utilizada en su contra. La psicóloga entendió que, por la violación, la mujer odiaba a los hombres, por lo que era discutible que pudiera hacerse cargo de sus hijos. "Y no fue sólo esto", recuerda la mujer. "Me sentí juzgada desde el primer momento. Me llegó a decir que si mi ex marido me había pegado una vez era porque no había llegado a cenar y no le había avisado. Esta psicóloga tiene un problema grave de misoginia". I. B. puso una queja ante el Colegio de Psicólogos de Madrid, que le dio la razón y remitió su caso a la Consejería de Justicia. Y se ha ido poniendo en contacto con otras afectadas para que se tomen medidas.

En el caso del doble crimen de Alovera falló todo. La mujer había denunciado, pero el juzgado no hizo caso de sus numerosos escritos, la psicóloga no la creyó y el fiscal pidió el archivo de la causa cinco meses antes de los asesinatos. El Consejo del Poder Judicial está investigando el procedimiento para depurar posibles responsabilidades. Una inspección de oficio de julio de 2007 del CGPJ sobre el Juzgado de Instrucción número 5 de Torrejón -el que llevaba el procedimiento de Bassani- detallaba la desastrosa situación del juzgado, con retrasos, colapso y pocos funcionarios. "Pero a nosotros nadie nos avisó de los resultados de esta inspección", señalan desde la Consejería de Justicia. "Así que, ¿cómo íbamos a poner más medios?".