PSOE y PP se dan tres meses para cerrar un acuerdo sobre justicia

PSOE y PP han roto las barreras que les impidieron acercar posiciones y cerrar acuerdos los últimos cuatro años. Sus portavoces, José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría, se estrenaron ayer con atisbos de consenso. Por un lado, cerraron el reparto de las presidencias de las comisiones parlamentarias y, por otro, se comprometieron a renovar el Consejo General del Poder Judicial y a cerrar un nuevo Pacto de la Justicia antes de verano.

El cambio del clima en el Congreso parece ir más allá del relevo de los portavoces. Hasta el responsable de Justicia del PP, Ignacio Astarloa, autor de duras frases contra el ministro Mariano Fernández Bermejo y el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, aseguró que prefería morderse la lengua antes que descalificarles.

Para que el acuerdo sea completo, los dos partidos deben superar aún enormes diferencias que quedaron claras incluso en la explicación pública de ambos portavoces. El PP incluye en el futuro Pacto de la Justicia asuntos que el PSOE ni menciona y que supondrían limitar la aplicación del programa electoral socialista. De hecho, Alonso aseguró expresamente que el acuerdo de principios que negociarán ahora respetará la capacidad de iniciativa del Gobierno y el cumplimiento del programa socialista. El portavoz del PSOE limitó el alcance del pacto a la mayor dotación de medios económicos y materiales, la reorganización de la oficina judicial y la interconexión informática.

El PP, a través de Astarloa, amplió el catálogo a cuestiones de fondo que mutilarían el programa socialista, como la limitación de los Consejos del Poder Judicial autonómicos, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la implantación de la Justicia de proximidad, entre otros. Astarloa habló de "acuerdo de bases programáticas", tras escuchar al ministro de Justicia, incorporado ayer a la reunión. Ambas formaciones intercambiarán papeles la próxima semana. Al mismo tiempo, negociarán la renovación total del Poder Judicial y la del tercio de los magistrados del Constitucional correspondiente al Senado, bloqueadas desde hace meses.

El avance está en el compromiso de ambos de cerrar la renovación en este periodo de sesiones, es decir, antes del verano. Los dos aseguran que no han entrado aún en detalles sobre cuotas o número de vocales que propone cada uno, pero en sus posiciones de inicio hay diferencias sustanciales.

La principal es que el PSOE considera que debe proponer más vocales que el PP porque ha ganado las elecciones y quiere evitar que los populares controlen nueve consejeros, con los que podrían bloquear los nombramientos más importantes (magistrados del Constitucional, Supremo y presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia). Los populares apuestan más por un reparto 9-9-2, en el que estos últimos corresponderían a CiU y PNV. ERC e IU, que antes de las elecciones aspiraban a un vocal, salen de esa ecuación por sus malos resultados. El PP dice que, pese al empate a nueve, los socialistas tendrían más fuerza al contar con la presidencia del Consejo.

Por el momento, el único acuerdo cerrado es el referido al funcionamiento y estructura del Congreso. Así, el PP tendrá finalmente cuatro presidencias de comisión, las mismas que tuvo en la anterior legislatura y una menos de las que aspiraba al inicio de la negociación. También hay acuerdo en acomodar las comisiones a los ministerios, creando, por ejemplo, una sobre igualdad.