El Gobierno no renuncia a aplicar su programa

Para los socialistas es un avance sustancial haber arrancado al PP el compromiso de renovar el Poder Judicial. Y los populares se felicitan porque creen haber embridado las propuestas sobre Justicia del PSOE. Si hay acuerdo en las próximas semanas, éste estará en el equilibrio entre esas dos posiciones. Por el momento, fuentes del Grupo Socialista y del Gobierno advierten de que su propuesta para el acuerdo hará referencia a cuestiones como el aumento de medios materiales, el intercambio de bases de datos o la mejora de los métodos de trabajo para potenciar la Justicia como un servicio público.

Los cambios no afectarán, por el contrario, a las propuestas de reformas legales que incluyen en un ambicioso plan de reforma de la Justicia. La mayoría de esas medidas las rechaza expresamente el PP. Por ejemplo, el PSOE pretende presentar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya a los fiscales la instrucción penal. También quiere reformar el acceso a la carrera judicial para sortear el rígido modelo de las oposiciones.

Respecto al Consejo General del Poder Judicial, el plan del Gobierno de Zapatero incluye el control parlamentario de sus miembros, obligando a la comparecencia pública de los vocales que, en este momento, está restringida sólo a su presidente.

La reforma que planea prevé el cese de funciones automático del Consejo una vez que se cumpla el plazo legal de su mandato, para evitar situaciones de bloqueo como la actual. También pretende su descentralización en consejos autonómicos, en una fórmula a caballo entre el modelo máximo del Estatuto de Cataluña y el de mínimos del valenciano. El PP también rechaza la pretensión del PSOE de descentralizar en los tribunales superiores de Justicia la resolución de recursos que ahora corresponden al Supremo.