Castellón está en bancarrota

Las cuentas del Ayuntamiento de Castellón están en números rojos porque gasta más que ingresa. Debe a los bancos más de lo que amortiza y una de las soluciones, según se ha previsto, es subir los impuestos directos durante los próximos tres años para hacer frente al desfase.

La Generalitat ha de tutelar el plan de estabilidad de Castellón

Los 30 millones pendientes de cobro por impagos y la deuda de más de 27 millones de otras administraciones con el consistorio castellonense son las principales causas del desequilibrio, unidas a las millonarias modificaciones de crédito que el equipo de gobierno de Alberto Fabra, del PP, aprueba de forma constante para hacer frente a facturas por servicios que no están presupuestados ni consignados y que se adjudican a dedo. El incremento de la superficie construida y de la población es otro motivo que ha llevado a gastar más en servicios mientras los ingresos no se incrementaban.

El interventor municipal ya advirtió en diciembre de que la situación de las cuentas municipales incumplía la Ley de Estabilidad Presupuestaria ya que, para poder llevar a cabo las inversiones previstas en el presupuesto, el ayuntamiento se iba a endeudar en una cantidad superior a lo que preveía amortizar. Las opciones eran dos: o se reelaboraban las previsiones de gastos para 2008 o se redactaba un plan económico-financiero que somete las cuentas hasta 2011. El PP asegura que no es una situación de "caos económico".

El plan, redactado por el área de gestión económica del propio ayuntamiento y firmado por el alcalde, refleja una situación bastante crítica para el consistorio y, por lo tanto, incluye medidas drásticas con el fin de que a su término, en 2011, las cuentas estén saneadas. Entre las "acciones programadas" sobre los ingresos, se fija el incremento de los impuestos directos que representan aproximadamente el 50% de los ingresos totales del Ayuntamiento, tengan incrementos en los próximos años "no inferiores al 6%". El plan ha de ser aprobado y tutelado por la Generalitat, ya que ésta fue una de las competencias que se transfirió desde el Ministerio de Hacienda al gobierno autónomo tras la aprobación del Estatut.Los impuestos que deben registrar unos incrementos "no inferiores al 6%" son el de Bienes Inmuebles (IBI), el de basura y el de circulación, pero también se apuntan subidas para los que generan más ingresos, como el de Construcciones y Obras, y para las tasas de vados o de ocupación de vía pública. Además de la subida de impuestos el plan contempla medidas para reducir gastos tales como la congelación de la plantilla de personal hasta 2011, una reducción de las horas extra del 50%, el replanteamiento de algunas concesiones y que reine el principio de eficiencia en los servicios públicos.

La Generalitat, amén de aprobar y tutelar la ejecución del plan, deberá encargarse de aprobación de los créditos que el Ayuntamiento de Castellón pretenda contraer. En cualquier caso, el plan aboga por aumentar los ingresos, con convenios de cofinanciación con otras administraciones (y no descarta la Generalitat), rebajar los gastos e incluso vender patrimonio público antes que pedir un préstamo.

El documento abunda en este sentido y plantea una secular reivindicación de las entidades locales respecto a la Generalitat valenciana, defendida principalmente por el PSPV, al abogar por "materializar de forma efectiva la participación de los ayuntamientos en los tributos de la Generalitat, creándose un fondo autonómico de cooperación local". El PP nunca ha llegado a crear ese fondo que, según los socialistas, elevaría la deuda de la Generalitat con los ayuntamientos a cerca de 2.000 millones de euros.

El concejal responsable de la coordinación del área de Economía, Juan José Pérez Macián, aseguró que no se trata de una situación de "caos económico" pero admitió que "aunque no hay que ser alarmistas, sí hemos de ser valientes en las decisiones y autocontrolar el gasto". El PSPV considera que la mala gestión del PP y el "caos presupuestario" llevan al Ayuntamiento de Castellón a la bancarrota.

El consistorio castellonense tiene que apretarse el cinturón y aplicar, según el plan, medidas que lleven a asegurar un montante de ingresos equilibrado con los gastos. Así, el programa incide en la "mejora de la gestión y recaudación" donde "deberán localizarse los mayores esfuerzos por parte del ayuntamiento". No en vano, tal como ha denunciado el grupo municipal socialista en reiteradas ocasiones, el ayuntamiento tiene pendientes de cobro cerca de 30 millones de euros por impagos, principalmente, de impuestos. A esta cifra se unen los 27 millones de euros que se han dejado de ingresar y que, tal como desveló ayer el responsable del área económica del grupo socialista, Javier Peris, deberían haber sido transferidos, entre otros por la Generalitat (6 millones de euros), de los fondos Feder (5 millones de euros) y del Ministerio de Fomento (2,3 millones de euros). Así, el socialista admitió la deuda del Estado con el Ayuntamiento de Castellón pero señaló que, en el caso de la Generalitat, es más del doble.

El plan de estabilidad presupuestaria, que deberá ser aprobado la semana que viene, también hace un análisis de cómo se ha llegado a esta situación. "En los últimos ejercicios se han producido importantes deudas con proveedores de bienes y servicios que no tienen consignación presupuestaria", es decir, se han tenido que pagar facturas de gastos que no estaban previstos y para los que no se ha convocado ningún tipo de concurso público.

El análisis también achaca al crecimiento demográfico el "esfuerzo adicional" que el ayuntamiento ha realizado en la prestación de servicios y sostiene que, desde 2003, se han ido generando "una insuficiencia de recursos y paralelamente un incremento de las necesidades de gastos".