La fuga radiactiva en Ascó fue cien veces mayor de lo declarado

No fue un suceso menor, como dijo la central nuclear de Ascó I, en Tarragona. La planta, propiedad de Endesa, declaró el pasado 4 de abril que había detectado una fuga radiactiva. Pero dijo que era insignificante, nimia, apenas nada. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que debió de ver algo extraño, pidió los informes originales sobre los que se basaba. La documentación terminó de llegar ayer y la respuesta es contundente. En una nota durísima, el CSN acusó a la central de "inadecuado control del material radiactivo" y de proporcionar "información incompleta y deficiente". El suceso fue calificado en principio como nivel 1 (en una escala de 0 a 7) y ayer pasó a nivel 2, lo que lo convierte en uno de los cuatro incidentes más graves en la historia nuclear española y da la razón a Greenpeace, que desde el principio alertó del suceso. El último caso fue el de Vandellòs II en 2005, también por ocultar al CSN la corrosión de una tubería. Entonces estuvo seis meses parada.

El subdirector de Protección Radiológica del Consejo, Manuel Rodríguez, explicó a este diario: "Nos sentimos decepcionados. Hemos dado información inadecuada porque nos basábamos en información incorrecta". Rodríguez señaló que "el valor de la actividad estimada en el exterior de la central es 100 veces superior a lo que la central declaró hace una semana". Y lo más grave: "Que lo sabían ya entonces". Y lo sabían cuando dos días después, el CSN y representantes de la planta se reunieron con los alcaldes de la zona para informar al público. Según Rodríguez, el suceso no ha supuesto riesgo para el medio ambiente y "si una persona hubiese ingerido la partícula con mayor actividad" habría recibido 0,8 miliSievert, el 80% del máximo permitido para un año.

El incidente se produjo el 26 de noviembre, durante la parada de recarga. En esa operación, se transportan las barras de combustible nuclear a través de unos tubos. El tubo se lava con agua a presión y luego se seca mediante unas bombas. Pero siempre quedan charcos -como los que permanecen al vaciar una piscina- de los que los operarios sacan el agua con unas aspiradoras manuales (llamadas chupacharcos). Ese agua es la que acumula más material radiactivo y acabó en un bidón de 50 litros. Un operario lo tiró en la piscina de combustible. Es gesto ya de por sí era chapucero, porque según el Consejo hay que tratarlo como un residuo radiactivo. Además, junto a la zona de vertido estaba en marcha un potente sistema de ventilación que absorbió parte de las partículas radiactivas y las lanzó al exterior a través de una chimenea.

El resultado es que salieron unas 150 partículas de cobalto, manganeso, zirconio y molibdeno, entre otros isótopos radiactivos. El 95% se quedó en un radio de 50 metros, lo que significa que la mayor parte se quedó en los tejados de los edificios de la central, no llegó al exterior.

El CSN admite que no fue una negligencia que el detector de radiación de la chimenea no lo advirtira, porque eran partículas muy pequeñas y viajaban de forma dispersa. La central detectó la contaminación por primera vez el 14 de marzo y no informó. Informó al Consejo el 4 de abril, pero entonces dijo que habían salido 235.000 becquerelios, mientras que su informe final concluye que la cantidad es de 19,5 millones de becquerelios. La fuga la dio a conocer Greenpeace y, cuando el 7 de abril, el CSN reunió a los 13 alcaldes de la zona para informarles, la central tampoco dijo lo que realmente había pasado. Ayer reiteró "la baja significación radiológica" de la fuga, pero no opinó sobre la nota del CSN.

Para descartar que nadie haya recibido más radiación de la permitida, el CSN examinará a más 700 personas que hayan entrado en la central en este periodo. Son en su mayoría trabajadores con licencia nuclear, pero también personal auxiliar, como jardineros o quienes hayan llevado algún suministro. Asimismo, el CSN exigió a la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs, la empresa que gestiona las nucleares catalanas, que "depure responsabilidades".

Greenpeace -que fue la primera en informar de la fuga, antes que el CSN- pidió ayer que se paralice la central y se suspenda la licencia de actividad de los titulares de la central. En el mismo sentido se expresó el diputado de ICV Joan Herrera, que pidió la comparecencia del ministro de Industria, Miguel Sebastián.