Bono dice al juez que se ocultaron datos de intermediarios del Yak-42

Dos horas y doce minutos duró la primera declaración como testigo de un presidente de las Cortes. Al contrario que su antecesor al frente del Ministerio de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, José Bono no se acogió al privilegio de testificar por escrito o de hacer que el juez Fernando Grande-Marlaska acudiera a su despacho. Subió por vez primera en su vida las escalerillas de la Audiencia Nacional como muestra, según dijo, de respeto a la Justicia y a las víctimas del accidente del Yak-42. Varios familiares de los 62 militares muertos en la peor catástrofe del Ejército español en tiempo de paz acudieron a saludarle.

Al menos dos graves quejas llegaron al ministerio de Trillo antes del accidente

La información que Bono ofreció al magistrado no se apartó mucho de la que facilitó al Congreso en octubre de 2004. La diferencia es que las conclusiones de la investigación interna que impulsó como ministro están ya en sede judicial.

Bono explicó, por ejemplo, que existía un "malestar elocuente y alto" por el mal estado de los aviones fletados para el traslado de tropas y que los soldados elevaron hasta 18 quejas, de las que al menos dos, relativas a problemas de seguridad, llegaron al Ministerio de Defensa. En concreto, un informe del Ejército del Aire fechado el 11 de marzo de 2003, tres meses y medio antes del accidente, que se remitió por FAX al Centro de Conducción de la Defensa (CECOD). Su responsable era el general Beltrán, a quien Trillo encomendó la repatriación de los cadáveres (30 de los 62 identificados falsamente) y a quien ascendió excepcionalmente y dio un sueldo de 19.564 euros mensuales después del siniestro.

Además, otro informe del centro de inteligencia del Ejército (CISET), que advertía de los "altos riesgos" que corrían los soldados en esos aviones, fue remitido al Estado Mayor de la Defensa y "casi con toda seguridad" al ministro Trillo poco después de su elaboración, en abril de 2003, según un documento que Bono prometió ayer aportar al juez.

El ex ministro explicó que le costó un año de investigación desentrañar la red de subcontrataciones que llevaron a fletar el Yak-42 y, aunque logró determinar que la compañía operadora del avión (la ucraniana UM Air) había cobrado sólo 38.422 euros (frente a los 149.000 que pagó Defensa por el vuelo), nunca pudo aclarar cuánto dinero se quedó cada intermediario, pues los contratos que recibió tenían tachada la cifra. "Hubo ánimo evidente de ocultación", dijo.

Bono detalló las 22 irregularidades en que incurrió el vuelo, tanto del aparato como de la tripulación, según la comisión internacional de investigación, y concluyó, con el representante español en la misma, el general Sánchez Borrallo, que "el avión nunca debió haber volado".

El ex ministro evitó atribuir responsabilidades a Trillo, pero rechazó también la pretensión de éste de descargar la culpa en los mandos militares. "Ningún superior puede culpar a un inferior de una falta por la que no está dispuesto a corregirle", dijo. Trillo no destituyó a nadie por la catástrofe del Yak-42. Al contrario, los responsables directos fueron ascendidos.

La cuestión más delicada fue si Defensa tenía obligación de inspeccionar los aviones, pues de la misma podría derivarse un delito de negligencia por parte de los antiguos responsables del Ministerio. El contrato que regulaba los vuelos no citaba tal deber, pero sí el derecho a inspeccionar los aviones por parte de la agencia NAMSA de la OTAN y del Estado Mayor de la Defensa.

"Todo derecho genera un deber de atenderlo por parte de alguien", alegó Bono. "¿Y de quién era ese deber?", preguntó el abogado defensor de Fernando Díez Moreno, ex número dos de Trillo. "El deber de España era que sus soldados viajaran en las mismas condiciones de seguridad que un padre quiere para su hijo", dijo. Bono no aclaró quién era España, pero todos interpretaron que no se refería al Ministerio de Agricultura.