La hija de Jokin

En una semana, dos actos institucionales en el Parlamento vasco han intentado rellenar la sima de desatención que han sufrido las víctimas de ETA en nuestro país. Y, como ha sucedido en ceremonias anteriores, en ambas se han vuelto a comprobar las dificultades del nacionalismo gobernante para hacer creíble su condolencia y solidaridad con quienes sufrieron en carne propia o en la de un familiar el zarpazo de una violencia injustificable.

El pasado día 5, Ana Iríbar, la viuda de Gregorio Ordóñez demolió el homenaje y el sentido discurso que la presidenta de la Cámara había preparado en memoria de su marido, el parlamentario y concejal del PP con quien ETA inició en 1995 su estrategia de limpieza ideológica que ha tenido su último hito en Mondragón. Las palabras de Ana Iríbar manifestando su "más sincero desprecio" al lehendakari Ibarretxe, por "su hipocresía y por la cobardía con que actúa", sonaron como un sopapo para muchos de los asistentes. Lo fue, sin duda, para los dirigentes del PNV presentes. En esta ocasión, al menos, Ajuria Enea respondió al desahogo con inteligencia y sensibilidad, expresando que el lehendakari y el Gobierno "comparten y entienden" el dolor de la familia de Ordóñez. No sucedió como en 1997, cuando el PNV y el entonces lehendakari descalificaron torpemente la carta de 22 intelectuales en la que, ante la sucesión de ataques de la kale borroka a la librería donostiarra Lagun, pedían a Ardanza que garantizara las libertades. Estábamos en los preliminares de Lizarra y fue el origen de un desencuentro que va a costar mucho superar.

Condenar la violencia se compagina mal con explicarla por un "conflicto"

El reconocimiento a las personas marcadas por el terrorismo, al sufrimiento y condena añadida que han padecido en forma de ocultamiento y olvido, ha llegado con enorme retraso. Pero, además, en el caso del nacionalismo institucional, se ha producido sin una reflexión coherente sobre el significado político de las víctimas.

Dos días después de la bofetada de la viuda de Ordóñez, una histórica ex parlamentaria del PNV pasada más tarde a EA, Ana Bereziartua, trasladaba en una carta a un diario digital su malestar por las palabras "injustas" que aquélla dirigió al lehendakari. Y, para que la reconvención sonara próxima, precisaba que conocía desde la infancia a Ana Iríbar, que "su padre, Jokin, y su tía Isabel eran abertzales" y que, estando ya casada con el dirigente del PP, ella misma le confesó un día que "votaba al PNV".

La carta ejemplifica la actitud desconcertada con que muchos nacionalistas se acercan a las víctimas, sean hijas de Jokin o de Manuel. Después de expresar con sinceridad el horror y el repudio que les suscita el que unos vascos quiten la vida o se la hagan imposible a un semejante, se sorprenden (y ofenden) cuando algunas de esas víctimas rechazan sus manifestaciones de solidaridad.

Este rechazo lo han vivido personalmente dirigentes nacionalistas en funerales y también en los homenajes con que se ha tratado de compensar en los últimos tiempos la impagable deuda de olvido de otros no tan lejanos. Para su zozobra, ese repudio de las condolencias no siempre procede de personas con aversión congénita al nacionalismo o de portavoces de asociaciones de víctimas puestas al servicio de los intereses de un partido. Se trata de un problema de credibilidad, de encaje de la solidaridad en la práctica política.

En la mayoría de las ocasiones, las personas asesinadas por los terroristas no lo han sido por azar ni por accidente, sino por ser consideradas un impedimento para los objetivos políticos que ETA pretende o para acelerar su consecución. Esta caracterización de obstáculos que hay que eliminar porque se oponen a sus designios es más clara todavía en las contadas víctimas (Goikoetxea, Doral, Korta...) que honran el nacionalismo.

Éste, sin embargo, no termina de comprender que las condenas éticas de la violencia se compaginan mal con la pulsión política de explicarla por la existencia de un supuesto "conflicto" entre Euskal Herria y España. O que la condolencia a las víctimas chirría con la disposición a compartir el proyecto político excluyente que ETA pretende, a la mínima que estos hijos descarriados se corrijan.

El empeño de compatibilizar el pésame en la capilla ardiente a los deudos del asesinado con las excursiones soberanistas con quienes tienen como única política la contextualización de las consecuencias del conflicto está tras las dificultades del nacionalismo para sintonizar con las víctimas. Y su superación no se va a producir con pronunciamientos morales y homenajes, por muy necesarios que sean. Se dará, en todo caso, cuando los compromisos éticos hacia quienes han padecido la violencia vayan acompañados de acciones políticas inequívocas frente a quienes justifican su perpetuación.