Cuando las fuentes son tóxicas

"Soy la hija de la mujer fallecida en León a causa de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y de la que ustedes han informado estos días con datos erróneos. Me he enterado por EL PAÍS de que puedo desarrollar la misma enfermedad que provocó la muerte de mi madre. Es decir, de que podría morir en los próximos meses. Le 'felicito' por esta trascendental primicia que contradice la información que a mí me han dado neurólogos expertos".

"En segundo lugar, ustedes aseguran que mi madre vivió en Londres, lo cual es falso. Que estuvo dos meses en la capital británica conmigo; eso también es falso. Que yo estaba cursando allí un posgrado. Falso. Que mi madre tenía un alto cargo de dirección de la Administración central en León. Falso. Que mi padre está retirado. Falso. Que nos dijeron sobre todo que tenía alzhéimer. Falso. Que es la tercera víctima de la enfermedad. Falso, es la segunda".

"Los datos que su periódico ofrece sobre cómo era mi madre y sobre la evolución de su enfermedad también son erróneos y vulneran de forma dolorosa la intimidad de mi familia".

"En vez de indagar sin éxito en la vida de mi madre, ¿por qué no tratan de ofrecer información de verdadero servicio público? Las preguntas que ustedes tienen que contestar son: ¿De dónde proviene la carne que infectó a mi madre? ¿Dónde se vendió? ¿Quién autorizó su venta? Y sobre todo, ¿cómo se contrae realmente esta terrible enfermedad? Eso -y no quiénes somos nosotros- es la única información de interés general".

Firma R. F. L., que ha pedido que en su carta sólo aparezcan las iniciales de su nombre y apellidos.

El redactor que escribió la información ha respondido, a petición del Defensor, a la reclamación de rectificación formulada por la hija de la víctima de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.

"En primer lugar, quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a los familiares de la mujer fallecida en León por el conocido como mal de las vacas locas. Ya lo hice por teléfono cuando hablé con ellos, pero creo que tienen motivos para estar enfadados con el tratamiento informativo que he dado a su caso".

"La noticia surgió a raíz de unas informaciones proporcionadas por una persona que conocía, supuestamente, a la fallecida. A la vista de los erróneos resultados, me temo que no fue así. Todos los extremos que fueron publicados me los contó esta persona. Al dar tanto detalle y al conocer a esta persona a lo largo de mi carrera profesional y ofrecer una extraordinaria credibilidad, pensé que había material interesante para los lectores y, por tanto, que se debía de publicar la información".

"Intenté contactar a través de esta persona con la familia de la fallecida, pero me fue totalmente imposible".

Vida privada

"En ningún caso se quiso entrar en la vida privada de la fallecida. Los detalles que aportaba la información tan sólo buscaban presentar las consecuencias que tiene la enfermedad para las personas que la padecen. Igual ocurrió con una información publicada por mí sobre el primer caso de la muerte por vacas locas ocurrida en Móstoles (véase EL PAÍS del 9 de abril). Los padres de la fallecida, en este caso, se mostraron agradecidos por el tratamiento ofrecido".

"Tampoco se buscó causar alarma al decir que la hija de la fallecida puede contraer la enfermedad. Desde luego, que no. Cualquier persona tiene el mismo o mayor riesgo de contraerla que ella. Si de la información que redacté se deduce esa información, pido disculpas de nuevo. Y también le doy la razón en que nuestra labor puede consistir en divulgar cómo se difunde la enfermedad, pero me temo que este aspecto ha sido muy desarrollado durante años por el periódico en numerosas informaciones".

La información que ha generado esta contundente carta de protesta concluía con un párrafo -"La familia de la fallecida ha rechazado hacer declaraciones sobre lo ocurrido"- que daba a entender que se había hablado con ella, lo que no era cierto. Ello unido al procedimiento, cada día más generalizado, de atribuir la información a "fuentes próximas a..." sin tener constancia ni siquiera de que ello es cierto, produce resultados como éstos.

El uso de fuentes anónimas, o vagamente identificadas, se ha convertido en un recurso habitual en los medios de comunicación que, por su abuso, restan credibilidad a las informaciones. A veces se emplean en informaciones políticas y el lector no sabe quién opina, si la fuente o el periodista; cuando dan datos, y no se contrastan por el periodista, peor. El periodista y el medio de comunicación que publican esos datos, o esos hechos que luego se demuestran falsos, no tienen justificación alguna para su conducta. Salvo reconocer, con humildad, el error.

Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector por carta o correo electrónico (defensor@elpais.es), o telefonear al número 91 337 78 36.