Los gigantes europeos de la construcción se resisten a firmar la paz

Hasta el rabo todo es toro. La noche del martes parecía todo encauzado para poner punto final a un conflicto que ya dura año y medio y que ha involucrado a los Gobiernos de España y Francia: la constructora Sacyr comunicaba a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un acuerdo con su rival Eiffage, por el cual el grupo español vendía el 33,3% del francés a inversores institucionales y ésta retiraba las demandas contra Sacyr. Pero no ha terminado. Va a haber agitación hasta en el final.

La disputa alcanzó rango de Estado, con presiones de los dos Gobiernos

Sacyr no aboga por seguir en una empresa que la ha recibido de uñas

Ya el martes se produjo una circunstancia sospechosa que puso muy nerviosos a los responsables de Sacyr. Cuando la empresa preparaba el consejo de administración del miércoles en el que tenía previsto aprobar la venta de sus acciones, saltó la noticia de que un juez francés ha ordenado bloquearlas. Es decir, Sacyr no las podía vender. Además, obligaba a los representantes de la empresa española a comparecer el día 30 de mayo en respuesta a una demanda de Eiffage sobre supuesta difusión de información falsa.

Para liarlo más, el día siguiente, fuentes de la entidad francesa manifestaban que no había ningún pacto entre ellos, lo que obligó a Sacyr a destacar que el acuerdo había sido firmado por los abogados del presidente de Eiffage, Jean-François Roverato. En realidad, el acuerdo fue con inversores institucionales franceses encabezados por la Caisse de Dépots y Consignations (CDC) y no con Eiffage; pero la comunicación a la CNMV decía que éste retirará las demandas, lo que permitiría al juez levantar el bloqueo.

Un desbarajuste de difícil comprensión que tiene descolocados a tirios y troyanos. Sobre todo porque trastoca la información de las negociaciones. Según fuentes conocedoras de las mismas, los contactos para vender las acciones se entablaron hace meses. "Tiene toda la pinta de que son los tiras y aflojas de última hora", añaden otras fuentes.

Lo cierto es que el acuerdo se ha fraguado a medida que se acercaban las vistas en los juzgados franceses. Además, recibieron presiones de los Gobiernos de los dos países, a los que se les venía encima otro enfrentamiento empresarial de calado: el intento de EDF de entrar en Iberdrola. Pero ésa es otra historia.

Ésta siguió su curso, y con prisas. La delegación francesa se trasladó a Madrid para sondear la posibilidad de comprar el paquete de la empresa que preside Luis del Rivero. Los franceses venían con voluntad constructiva y para los españoles no dejaba de ser un alivio poner fin al conflicto con una salida digna.

Sacyr no apostaba por seguir en una empresa que los había recibido con las uñas afiladas. La plusvalía lograda es una pequeña recompensa frente al objetivo inicial de dominar la tercera constructora francesa y forjar su expansión exterior. Tendrá que fijar una nueva estrategia, aunque probablemente lo que interesa a Sacyr es destinar los casi 2.000 millones de euros que recibirá a enjugar deuda.

El conflicto comenzó en 2006, cuando, en plena euforia de la construcción española, Sacyr-Vallehermoso desembarcó en Eiffage hasta lograr el 33,3% del capital. Aquella entrada fue considerada hostil recordando los responsables de la empresa española el intento de control del BBVA dos años antes. El proyecto de Sacyr se vio truncado por el rechazo a ultranza de Roverato, que con un estilo poco cortés removió todas sus influencias para oponerse. Orquestó un frente común de accionistas franceses que cerraron filas con él: CDC, con el 8,5%; Groupama (3,2%); AXA (1,5%); los empleados (22%), y los directivos (5%). Con este respaldo, en la junta de abril de 2007, Roverato retiró el voto a 89 accionistas españoles, que representaban el 17,5% del capital con el pretexto de que estaban concertados con Sacyr.

Sacyr contraatacó con una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre el 100% de Eiffage que el organismo regulador de la Bolsa francesa suspendió. La disputa alcanzó dimensión de Estado. En una carta enviada a la Embajada francesa desde la Oficina Económica del Gobierno español, éste se quejaba del trato a la firma española. El asunto entró en vía judicial.