Los promotores reclaman una moratoria de dos años a las normas de edificación

La flexibilidad anunciada por Touriño para las normas de edificación no alcanza las expectativas de los promotores inmobiliarios. Si el presidente de la Xunta anunció prudencia en la aplicación del decreto de la Consellería de Vivenda, que eleva los mínimos de calidad de las nuevas construcciones, los promotores demandaron ayer una moratoria de dos años, los que se espera que dure la fase más severa de la recesión económica. Vivenda rechazó ayer mismo de plano esta posibilidad.

"Si no anulan el decreto, por lo menos que lo aplacen", reclamó en nombre de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Pontevedra (Aproin), la mayor de Galicia, su gerente, Miguel Font. Según los cálculos de esta organización, el Decreto del Hábitat Gallego, que entrará en vigor el próximo jueves, encarecerá el precio de los pisos entre un 10% y un 15%. Los promotores se declaran "a favor de mejorar la calidad de las viviendas", pero opinan que el decreto de la consellería de Teresa Táboas sólo contribuirá a "encarecerlas en momentos de crisis".

El portavoz de los promotores inmobiliarios considera que "carece de sentido" atribuir a este sector el incremento de coste que la norma tendrá en la edificación. "Repercutirá en los precios", garantiza Miguel Font, que apuntó que el decreto se suma a las exigencias del código técnico de edificación y a las reservas de suelo obligatorias para la construcción de viviendas protegidas. Aproin considera el decreto una "irresponsabilidad absoluta", elaborado por "gente que no tiene la más remota idea de lo que está haciendo".

Menos contundentes son las críticas de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), aunque suficientes para llevar a los tribunales el decreto de la nacionalista Teresa Táboas. A la "invasión de competencias" argumentada por la ejecutiva de la federación se sumaron ayer otras razones esgrimidas por su presidente, el socialista Carlos Fernández. Por ejemplo, el "exceso de regulación" que supone, su "afección a los planeamientos en redacción" y el "coste adicional para los ayuntamientos". Otro alcalde socialista, el santiagués Xosé Sánchez Bugallo, aseguró que su departamento de Urbanismo está "al borde del colapso", ante la avalancha de petición de licencias que pretenden anticiparse a las exigencias del decreto.

El recurso contencioso administrativo contra el decreto ha reabierto la herida entre socialistas y nacionalistas en el órgano directivo de la Fegamp. El vicepresidente de la Xunta y portavoz nacional del BNG, Anxo Quintana, replicó que éste "no es el momento en que tiene que protestar", y apuntó que la federación "se equivoca una vez más". El portavoz de los alcaldes nacionalistas en la federación, Francisco García, que votó en contra de la presentación del recurso, acusó mientras a PSOE y PP de configurar una alianza estratégica al frente de la Fegamp y contraria a las consellerías del Bloque, entre ellas Vivenda. El secretario de Acción Municipal del BNG, Roberto Mera, pidió al PSOE que "recapacite" y "ponga fin a la pinza PP-PSOE" en la federación de municipios.

El Partido Popular no tardó en extender las diferencias entre socialistas y nacionalistas en la Fegamp al propio Gobierno gallego. La portavoz de urbanismo del PP, Pilar Rojo, denunció "una nueva brecha en el seno del bipartito", y consideró el período de adaptación sugerido por Emilio Pérez Touriño "una muestra de la debilidad política" del presidente de la Xunta. Touriño "carece de autoridad sobre la mitad de su Gobierno", acusó la diputada del PP, en referencia a las consellerías del Bloque Nacionalista Galego.