El Estado reclama 938 millones a los responsables de los daños del 'Prestige'

Los siete días de errática travesía del buque Prestige frente a las costas gallegas y su posterior hundimiento a 130 millas de las Islas Cíes han costado al Gobierno español 938.233.071 euros. Ésa es la última tasación que el abogado del Estado acaba de presentar en el juzgado de Corcubión que investiga la catástrofe para que determine la responsabilidad civil de la marea negra que asoló Galicia en noviembre de 2003 y cuyas consecuencias se prolongaron durante los meses posteriores en toda la cornisa cantábrica, incluidos algunos ayuntamientos franceses.

Al concepto "daños y perjuicios" que el Ejecutivo había fijado inicialmente en 706 millones en noviembre de 2005, se incorporan ahora 163.746.801 euros, para resarcir a las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales que hicieron frente a los vertidos, y una última partida de 68.059.531 euros para indemnizaciones pagadas con posterioridad al decreto del 1 de agosto de 2003, que incluye además la financiación del tratamiento de residuos líquidos recogidos en el mar.

Este último cálculo del Gobierno español suma 66 millones de euros para pagar ayudas en régimen de estimación directa abonadas a los afectados, 586.975 euros más para indemnizaciones de estimación objetiva y 896.532 para pagar a Repsol el tratamiento efectuado en la refinería de A Coruña de los residuos líquidos retirados del mar.

Junto al escrito, el abogado del Estado adjuntó al juzgado de Corcubión 11 cajas con miles de folios que acreditan la justificación de tales gastos. Esta última tasación, que deberá ser revisada todavía por peritos independientes no incluye, sin embargo, las indemnizaciones a los particulares que decidieron no subrogarse al decreto de ayudas de la Administración -fuentes próximas a la investigación cifran este apartado en 100 millones de euros-, ni los 97 millones que, según el Fondo Internacional de Compensación de Daños por Hidrocarburos, reclaman el Gobierno francés y algunos municipios galos como compensación por los daños que ocasionó allí la marea negra.

Con todo, la maraña judicial que acumula ya cinco años de instrucción y 50.000 folios -sólo en la pieza civil-, no ha logrado determinar todavía el precio definitivo de la catástrofe, la prueba clave de la investigación. Las valoraciones realizada por el Gobierno español sólo pueden ser tomadas por la Justicia como lecturas parciales, dado que el Estado se ha personado como acusación en la causa.

Y la Xunta de Galicia ya se ha negado una vez a peritar los daños, tal y como le habían requerido la fiscalía y la juez instructora del caso, y ha optado por trasladar esa responsabilidad al Consorcio de Compensación de Seguros. En un escrito enviado al juzgado de Corcubión, el Fiscal del caso defiende que este organismo tampoco sería neutral, al depender orgánicamente de la Administración del Estado, y reclama a la juez que requiera de nuevo al Gobierno gallego, "con los apercibimientos que en Derecho correspondan", para que sus economistas realicen la pericial contable. Sin ella no podrá concluir la instrucción ni celebrarse el juicio del caso Prestige en España.

La demanda civil interpuesta en Estados Unidos no pinta mejor para los intereses del Gobierno. El mes pasado, una juez de Nueva York desestimó la reclamación por daños que España había presentado contra American Bureau of Shipping (ABS), la clasificadora que emitió el certificado de navegabilidad del viejo petrolero, a la que el Estado le reclamaba 1.000 millones de euros en concepto de indemnización.

El Gobierno español exigió esta compensación al considerar que la sociedad norteamericana había actuado de forma negligente cuando clasificó como apto el Prestige. En la sentencia, la juez alegó que la Convención Internacional de Responsabilidad Civil para Daños por Contaminación de Petróleo impide reclamar a países que no suscribieron esa norma, como es el caso de Estados Unidos.