El urbanismo del PP cuesta 100 millones a Ourense

Arreglar algunas lagunas del planeamiento urbanístico, aprobado en 2003 con los únicos votos del PP y recurrido judicialmente por el PSOE, costará a los orensanos más de 100 millones de euros. La decisión del gobierno municipal del PP de recalificar el plan anterior, de 1986, multiplicando la edificabilidad a través de la construcción de numerosas torres, "sin prever zonas verdes, ni viales, ni equipamientos sociales" obliga ahora al bipartito a afrontar el pago de las expropiaciones necesarias para contar con esas dotaciones.

Socialistas y nacionalistas sostienen que reconducir la situación urbanística supone dedicar un plus de trabajo, tiempo y sobre todo presupuesto municipal que lastra la gestión de gobierno. "Nos dejaron ahogados", señala un portavoz de la coalición. Su queja está avalada por el Estudio Económico Financiero del Plan Xeral (PXOM) que en su página 37 detalla que el ayuntamiento deberá pagar 100.272.255 euros sólo de los gastos generados por las recalificaciones del PP en el planeamiento de 2003.

"Los desaguisados lastran algunos retos de futuro" señala un edil

El PXOM ahora en vigor obliga al gobierno local a expropiar prácticamente todos los sistemas generales. Entre ellos, el de Cantareliña, el enclave calificado como zona verde en el que el anterior ejecutivo del PP subvencionó hasta los azulejos para el asentamiento ilegal de un poblado chabolista. Tendrán que salir 2,7 millones de euros de las arcas municipales para costear esta expropiación, según recoge el estudio financiero.

No es la única expropiación que deberá afrontar el ayuntamiento. La situación urbanística que dejó el PP se plasma en sentencias condenatorias que obligan a indemnizar a particulares como consecuencia de las licencias irregulares concedidas en su día.

Son los casos de los barrios de A Ponte, en donde se expropiarán 2.600 metros construidos; Reza, en donde la expropiación será de más de 2.000 metros; Quintián, de 500 metros construidos o Carriarico, en donde la cantidad solicitada por la propietaria de un solo inmueble de 300 metros cuadrados supera los 700.000 euros. En esa zona el ayuntamiento debe expropiar 800 metros construidos, lo que supondrá un desembolso de 2 millones.

Uno de los autos judiciales que obligan a la institución local a resarcir a particulares expresa gráficamente la situación. "Resulta evidente que el ayuntamiento no tiene intención ninguna de ejecutar la sentencia dado que no hizo nada desde 1999", señala el tribunal.

En la Plaza de San Antonio, en pleno corazón de la ciudad, si el juez acepta la indemnización que pide un particular el ayuntamiento deberá pagar 350.000 euros de las arcas municipales en concepto de responsabilidad patrimonial.

Sobre un bloque de viviendas de esta plaza pesaba una sentencia del TSXG que ordenaba el derribo para el que el anterior gobierno pedía la inejecución que el tribunal negó. "No hicieron nada en materia jurídica" se queja la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, quien destaca que cuando llegó al ayuntamiento se encontró con un plazo de 20 días para ordenar la demolición de los edificios de la Plaza de San Antonio. "Contratamos un abogado y hemos negociado, para evitar problemas que multiplicarían por mil el precio a pagar".

El PP dejó pendientes otros problemas que habrán de solucionarse también a costa del erario público. "Estamos destinando mucho dinero, técnicos y tiempo a enmendar desaguisados que nos impiden afrontar algunos retos de la ciudad", sostienen los representantes municipales.

Áurea Soto hace recuento de los "viales inejecutables que dejó el anterior gobierno".

Entre otros, figuran los del Barrio do Cuco, integrado por un vecindario con media de edad de 70 años, y una pendiente del 35% que excede el máximo legal; lo mismo que en zonas calificadas como suelo urbanizable industrial, con pendientes que superan el 30%, o en la conexión de la N-525 con Rabo de Galo. En la estación de autobuses, los viales son inejecutables según los técnicos de Infraestructas.