Financiación autonómica
Llama la atención la rotunda afirmación del conseller de economía de la Generalitat cuando afirma que "los diputados del PSC harán lo que se decida en Catalunya". Esta aseveración tan tajante se enmarca en la preparación de la próxima negociación del nuevo sistema de financiación. Al conseller de economia le escoció que en la filas socialistas se hablara de que debe existir un modelo general y que las negociaciones exclusivamente bilaterales han pasado a mejor vida.
La cuestión es compleja. De una parte, es evidente que el actual modelo de financiación presenta muchas carencias y que resulta necesario una reforma a fondo del mismo. A la hacienda catalana le preocupa el hecho de que su autonomía financiera se cubra con los ingresos procedentes de los tributos ligados a la actividad económica y ésta última muestre, en la actualidad, síntomas de estancamiento. La desaceleración de la actividad inmobiliaria, además, la sitúa en una posición delicada. De ahí que vaya exigiendo que deba aplicarse un modelo de negociación bilateral y que se deba aplicar la Ley Orgánica del Estatut, por el que se garantiza una inversión proporcional a su participación en el producto interior bruto del Estado.
La futura negociación de la financiación autonómica se debe hacer entre iguales
Esta visión de la política ya no asombra. Sus estrategias se formulan del siguiente modo. Primero, se enuncian grandes proclamas verbales con el objetivo de reforzar el concepto de "voz propia", en defensa de los intereses territoriales. Para, más tarde, lograr armonizar dicha posición de fuerza en un marco de perfecta armonía entre la acción de los dos gobiernos, el de España y el de la Generalitat.
Desde otras latitudes las negociaciones del modelo de financiación autonómica deben reflejar no solamente los conceptos de autonomía financiera sino de un justo y equilibrado baremo asignativo y distributivo para caminar hacia la mayor convergencia posible, eliminando los sesgos de la discriminación y la parcialidad hacia unos territorios; evitando, en consecuencia, los abusos de la centralidad. Y esta asignatura sigue siendo una de las más importantes para la próxima legislatura.
Ante estas circunstancias, el nuevo mapa político español permite visualizar varias cuestiones de relevancia. De una parte, en la mayoría de las CC AA prima el concepto de estabilidad del propio gobierno, dado que del mismo forman parte varios socios y es preciso llevarse bien entre los partners. De otra parte, el Gobierno de España ha de jugar un papel muy importante y responsable en lo tocante a la cultura de los pactos. Por eso, no resulta difícil aventurar que la palabra y los conceptos más usados serán el de la estabilidad y el de la cohesión, dentro de un marco de alta responsabilidad y de sensatez.
En este sentido, escaso favor ha hecho el conseller con sus últimas declaraciones. En vez de procurar templar (con seriedad) el debate, lo azuza con declaraciones como la siguiente: "Lo que ahora debe preocuparnos es que el PSC tenga un papel decisivo en el desarrollo del Estatut". Esta afirmación esconde dos principios; el primero es que el PSC incluye en sus propuestas la equiparación progresiva entre los ingresos de la Generalitat y los que proporciona el sistema de concierto, a imitación del cupo vasco; y la segunda es que un incremento de la financiación catalana tendría implicaciones adversas muy significativas tanto para el Gobierno como para el resto de las comunidades.
El debate, como puede suponerse, está servido. Desde una posición contraria a la Genenalitat se explicita que "si aplicáramos un sistema de cupo como el que goza en la actualidad el Gobierno vasco para Cataluyna, se reduciría hasta en un 17% la capacidad del Gobierno para mantener el nivel actual de servicios públicos en el resto de las CC AA de régimen común", como bien apunta Ángel de La Fuente. Y si aplicáramos el mismo esquema para el resto de la CC AA que contribuyen de forma positiva al Fondo de Compensación Inter-territorial, la financiación del resto de las CC AA de régimen común se recortaría en un 20%. Como se puede observar, el hecho de que una comunidad se situe "bajo mínimos en lo que respecta a los ingresos fiscales" no debe suponer que las restantes CCAA no hayan cumplido los deberes de manera eficiente. En conclusión, la futura negociación de la financiación autonómica se debe hacer entre iguales; y no con las cartas marcadas, esto es, evitando señalar con anterioridad una mayor sensibilidad hacia un territorio.
