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Educación endurece las sanciones disciplinarias en los institutos

Los alumnos conflictivos serán reunidos temporalmente en aulas específicas

Educación presentó ayer una batería de medidas para reforzar la disciplina en las aulas. El decreto de derechos y deberes del alumnado endurece las sanciones a los estudiantes; amplía su número; reduce los plazos para ejecutarlas; contempla nuevos agravantes (como la difusión de las infracciones por Internet); extiende el radio de acción del centro a los actos cometidos fuera del instituto; prevé el envío a la Fiscalía de Menores de aquellos casos en los que los padres no se impliquen, si esa conducta "causa grave daño al proceso educativo de su hijo"; eleva a los profesores a la categoría de autoridad pública (lo que tendrá consecuencias si son objeto de agresiones); aumenta los requisitos para ir a la huelga, y da carta de naturaleza a lo que padres y sindicatos han bautizado como "aulas retén": clases separadas donde podrán ser confinados temporalmente quienes incumplan las normas de convivencia.

La lista de derechos ignora al alumnado con necesidades especiales

El decreto recoge la posibilidad de que los centros constituyan equipos de mediación para solucionar conflictos (algo que ya funcionaba en algunos institutos), y un largo listado de derechos (muchos, reconocidos por la Constitución), entre los que el consejero Alejandro Font de Mora destacó dos: "La formación en el esfuerzo y el mérito", y "la formación ética o moral que esté de acuerdo con sus propias creencias y convicciones". Un derecho que el consejero relacionó con la objeción de conciencia y con la asignatura de Educación para la Ciudadanía pero que tendrá, probablemente, un recorrido corto.

Se echa en falta en el exhaustivo catálogo del decreto (que comprende la "formación del ocio y el tiempo libre" o la "formación en los buenos hábitos del consumo") alguna referencia a los derechos de los alumnos con necesidades especiales (aquellos que por ejemplo necesitan de un acompañante para comer o ir al baño), cuyos padres se han movilizado reiteradamente en los últimos años.

El decreto, que también establece derechos y deberes de padres, profesores y personal de administración, fue entregado a la prensa por la mañana. A media tarde, ni los sindicatos ni el Consell Escolar lo habían recibido, lo que llevó a Gonzalo Fernández, de UGT, a criticar a Font de Mora por su falta de "cultura democrática". El consejero se había curado en salud: al presentar el proyecto, declaró que la búsqueda de consenso había sido tan amplia que convertía a la norma en la más democrática "no ya de la historia valenciana, sino de toda España".

- Acoso escolar. La figura aparece recogida, según Educación, por primera vez en una norma, entre las "conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro".

- Fuera del instituto. La dirección podrá sancionar las agresiones que se realicen fuera del recinto del centro cuando estén "directamente relacionadas con la vida escolar".

- Agravante tecnológico. La difusión de las infracciones a través de Internet o de los teléfonos móviles conllevará un aumento del castigo.

- Padres irresponsables. Cuando las medidas "correctoras" exijan la intervención de los padres o tutores y éstos la rechacen, la Administración educativa lo pondrá en conocimiento de la Fiscalía de Menores, si considera que la inhibición paterna causa un daño grave al proceso educativo del estudiante.

- Móviles confiscados. Los teléfonos y otros aparatos electrónicos ajenos que se empleen en clase serán requisados y devueltos, en el caso de los menores, a los padres en presencia del alumno.

- Condiciones de la huelga. Para no ser consideradas faltas injustificadas, deberán ser convocadas al menos por 20 alumnos con cinco días de antelación. Los participantes tendrán que presentar un permiso paterno que exonere al instituto de lo que pueda sucederles.

- Pago de daños. El decreto hace expresamente responsables a los padres y tutores de la responsabilidad civil de los actos vandálicos que cometan sus hijos.

"No vamos a fomentar la objeción"

Aunque no hay ningún interés en subrayarlo y sí alguna maniobra de distracción, el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, fijó ayer la postura del Gobierno valenciano ante Educación para la Ciudadanía, la asignatura creada por la nueva ley de enseñanza a la que se oponen el PP, la jerarquía eclesiástica y la asociación católica de padres: "Desde la consejería no vamos a fomentar la objeción de conciencia", dijo, "pero si se produce, la vamos a reconocer. Y si optan por objetar, recibirán la atención debida".

La segunda parte de la declaración forma parte del intento de oscurecer la realidad; lo que ha quedado claro esta semana es el cambio de estrategia del Consell. Ante la perspectiva de instigar un movimiento que podría tener consecuencias desastrosas para sus protagonistas (los alumnos que objeten estudiar la asignatura no obtendrán el título de Educación Secundaria Obligatoria, la ESO, salvo que el Tribunal Supremo acabe dictando lo contrario), el departamento de Font de Mora se ha decidido por lo que llama "opción B": un desarrollo dudoso de la ley del Estado que suprime lo que la Generalitat considera el gran mal de la asignatura, el "adoctrinamiento" de los alumnos, al ofrecer la posibilidad de que estos aprueben con solo elaborar unos trabajos de tema libre (relacionados con algo tan amplio como la ciudadanía), con la única intervención "asesora" del departamento de Inglés, la lengua en la que deberán redactarse.

En el capítulo de las distracciones hay que incluir el "reconocimiento" de la objeción de conciencia a la que aludía el consejero, y que se recoge expresamente en el decreto de derechos de los alumnos que presentaba ayer. Y ello porque ese reconocimiento, como tuvo que admitir Font de Mora, no supone ninguna consecuencia práctica: los alumnos objetores suspenderán. O, como prefirió decirlo él, "se les tendrá por no presentados". Una diferencia formal que lleva al mismo sitio: quedarse sin el título de la ESO.

Font de Mora lamentó la advertencia del Gobierno de que recurrirá la opción B del Consell por afectar a una asignatura obligatoria que, según el Ejecutivo, "no admite alternativas". "Me parece prematuro que el Gobierno se pronuncie sobre una norma que no ha tenido oportunidad de leer", dijo el consejero, que enmarcó su plan de desarrollo de la asignatura en las competencias autonómicas de la Generalitat.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de abril de 2008

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