La ley de familias compromete nuevas medidas de conciliación

Los colegios vascos acogerán en el futuro programas de actividades de educación y tiempo libre en el horario extraescolar y en los períodos de vacaciones, para facilitar la conciliación laboral y familiar de los padres del alumnado, según prevé la ley de Apoyo a las Familias, a cuyo proyecto dio luz verde ayer el consejo de Gobierno. El Parlamento recibirá el texto en breve para iniciar su debate.

El tamaño de la familia contará para las ayudas, además de la renta

Ésa actuación fue destacada por el consejero Joseba Azkarraga como una de las principales novedades de una norma que está llamada a ordenar las políticas de familia que desarrollan Gobierno, diputaciones y ayuntamientos y que convierte las ayudas actualmente existentes en un derecho subjetivo, cumpliendo así un mandato parlamentario. La norma "dará coherencia a las políticas de las distintas instituciones", señaló el consejero.

La ley no añade prácticamente avances al sistema de protección ya en vigor, de acuerdo con los planes de familia iniciados de 2002, y que seguirá girando sobre los dos grandes ejes actuales: las subvenciones por nacimiento, adopción, acogimiento y mantenimiento de hijos y las prestaciones para la conciliación laboral y familiar. Éstas últimas continuarán concretadas en las ayudas para el cuidado de menores de tres años o de mayores dependientes, las excedencias y las reducciones de jornadas.

La otra novedad que la aprobación de la ley en el Parlamento incorporará será la consideración del número de integrantes de la unidad familia, además del criterio de la renta, a la hora de conceder las subvenciones de que se trate. En la actualidad, sólo se tiene en cuenta este último factor. Azkarraga señaló que la aplicación del doble criterio ajustará las ayudas a la realidad y las hará más justas.

El proyecto de ley prevé también la creación del Consejo vasco de Familia y del Observatorio de la Familia y, según destacó Azkarraga, supone "un compromiso de convergencia con la praxis de la Unión Europea", que deberá ser un hecho en 2020, avanzó.

El proyecto de ley lleva incorporada una previsión de gasto de 1.703 millones de euros para el trienio 2008-2010. Las diputaciones correrán con la mayor parte, el 62% (1.059 millones), mientras que el Gobierno pondrá 459 millones, el 27% del total, y el 11% restante, 185 millones, lo costearán los ayuntamientos.

En esos tres años, las ayudas por hijos se llevarán 113 millones de euros y la misma cantidad se destinará a ayudas a la conciliación, mientras que los servicios de apoyo y las medidas de política fiscal supondrán 741 y 732 millones, respectivamente. El movimiento asociativo relacionado con la familia recibirá casi dos millones de euros y el Gobierno empleará otro millón y medio en campañas de sensibilización. Casi un millón más será para evaluar los resultados.

Azkarraga se mostró satisfecho del grado de acuerdo que el texto de la nueva norma ha conseguido del conjunto del entramado institucional y también de la mayoría de los agentes sociales relacionados con la cuestión.