El fiscal denunciará por conductas racistas a vecinos de Pontevedra

El fiscal del caso y máximo responsable de la Fiscalía de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, tiene previsto elevar al juzgado, este mismo mes, las diligencias abiertas por los incidentes ocurridos en el barrio de Monte Porreiro contra miembros del colectivo gitano por parte de varios vecinos, algunos de los cuales todavía no han sido identificados.

Bien sea como querella o como demanda, el fiscal actuará en su denuncia contra los vecinos de Pontevedra implicados en presuntos delitos contra los derechos fundamentales en su versión de racismo, xenofobia y discriminación, además de imputaciones por supuestos daños, coacciones, amenazas e injurias leves.

Vicepresidencia cita a los implicados para buscar una solución

Aladro tomó declaración ayer a tres de las presuntas víctimas, para concretar la denuncia y los delitos que pudieran derivarse de estos incidentes, ampliando las diligencias informativas que el fiscal prevé cerrar en 15 días. Ahora, la Fiscalía procederá a identificar a varios vecinos de Pontevedra, que aparecen implicados en estos hechos y mencionados en las declaraciones que han prestado los afectados del colectivo gitano. El fiscal advirtió, en todo caso, de que el conflicto de los realojos no se va resolver en el juzgado.

Los antiguos vecinos de O Vao, realojados temporalmente en las calles Alemania y Portugal, en Monte Porreiro, y que ayer declararon son Magdalena Montoya, Rocío Juncal y Antonio Jiménez. Todos ellos narraron sus avatares en el barrio pontevedrés, que abandonaron por el acoso y la presión del vecindario. Durante los últimos días en Monte Porreiro, a primeros de marzo, el hostigamiento subió de tono y se registraron desperfectos en las propiedades de los realojados que los obligaron a abandonar el barrio.La violencia denunciada por los realojados en Monte Porreiro estalló la noche del día 11, según su relato de ayer ante el fiscal, cuando al volver a casa se encontraron con la cerradura de la verja del edificio "reventada" y tuvieron que entrar por el garaje. "La gente venía con palos detrás de nosotros", recuerda Magdalena Montoya, que añade: "Teníamos miedo de que se nos echaran encima, una nuera mía se cayó en la escalera escapando con la cría en brazos". "Aquello era tal presión que esa noche no dormimos, incluso después de que se fueran", asegura. Fue casi la última; tres días después abandonaban la capital para volver al poblado del que habían sido desalojados.

Sus gestos se debatían ayer entre el abatimiento y la indignación. Todavía no se explican el rechazo que su llegada generó. "No somos perros para que nos echen a la calle, tenemos derecho a vivir en una casa digna. Queremos una oportunidad para convivir", dicen. Magdalena recuerda cómo el acoso y el control de los vecinos no cesaba: "No podíamos ni salir a hacer la compra, estaban todo el día allí enfrente, cuchicheando". Una presencia que causaba "mucha tensión" y que desvinculan del miedo al trapicheo. "Es por racismo, porque allí ya hay droga y traficantes", acusan.

Fueron concentraciones casi diarias a las puertas de su casa, en algunas ocasiones pasada la medianoche y con sirenas, silbatos y altavoces en mano. El presidente de la Asociación del Pueblo Gitano, Sinaí Giménez, preguntó ayer "qué hacían a la una de la madrugada los vecinos golpeando las casas, amenazando y tirando petardos de gran potencia", en respuesta a las declaraciones de la asociación O Mirador, cuyos líderes afirmaron el lunes que las manifestaciones fueron sólo ante las administraciones. El abogado del colectivo calé, Fernando Romay, que acompañó ayer a los gitanos al juzgado, recordó que "hay muchas formas de intimidar, máxime cuando van 200 personas a atemorizar a nueve".

Ahora, Montoya afirma estar "mal de los nervios", aunque la peor parte se la llevan los más pequeños: "Tengo un chico de 14 años, al que he criado yo, que no quiere ir al colegio porque le están preguntando todo el día". Quieren marcar la diferencia y subrayan: "A nosotros nos han quitado las casas, pero no hemos ido a pegar ni a insultar al alcalde", en referencia al intento de agresión contra el alcalde de Poio, Luciano Sobral. Éste confirmó ayer que la denuncia por el altercado con vecinos de Monte Porreiro es inminente. Lo hizo al término de un encuentro con representantes de Caritel, donde permanecen otras dos familias a pesar de la tensión que se refleja en el cruce de insultos entre payos y gitanos. "Piden una solución y nosotros ofrecemos una mesa de trabajo que tendrá lugar el jueves en Vigo", afirmó Sobral.

Allí se darán cita en sendas reuniones todos los agentes implicados en los procesos de Monte Porreiro y Caritel, a petición de Vicepresidencia. Sobre la mesa estará la aldea permanente que defiende Sobral, frente a los poblados de transición que propone el vicepresidente da Igualdade e do Benestar, Anxo Quintana, ambos del BNG. La idea del regidor es urbanizar O Vao, dotarlo de una comisaría propia y legalizar algunas de las chabolas existentes sin que el poblado vaya a más, de modo que sea ocupado por las familias gitanas a medida que avance el proceso de integración, según informa Europa Press. En este momento queda pendiente de derribo la chabola número 43 -ahora ocupada por la familia que dejó el piso de la calle Portugal-, a expensas de que el juez emita un requerimiento en firme. Al margen hay tres construcciones más de carácter ilegal: dos aseos y un galpón. Este último pertenece al adjudicatario de un piso en la calle Alemania del que "no llegó a tomar posesión, aunque su hija sí", apunta Sobral. Su demolición va para largo.

Por otro lado, la plataforma Pontevedra Intercultural sigue sumando apoyos con cerca de un centenar de firmas y nuevos colectivos como Fundación Emaus, Verdegaia y Asociación Inclusión. El sábado pondrán en marcha una recogida de firmas y otras actuaciones de apoyo al colectivo gitano y en contra del racismo.