Un pederasta 'inmune' por fallos judiciales

Santiago del Valle, el principal sospechoso por la muerte de la niña onubense Mari Luz Cortés, había conseguido eludir la cárcel por abusos sexuales a pesar de arrastrar dos condenas firmes -hasta anoche, cuando ingresó en prisión por orden de la juez que investiga la muerte de la menor-. Entre las dos sentencias anteriores, dictadas por dos juzgados sevillanos, suman una pena de cuatro años y nueve meses de prisión que el ahora detenido nunca cumplió. Una cadena de despropósitos judiciales impidió que se ejecutara la condena por abusos a su hija de cinco años y una posterior por tocamientos a una niña de nueve.

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial ordenó ayer la apertura de un procedimiento de información previa sobre la actuación del Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla en la ejecución de la condena impuesta a Del Valle por los abusos a su hija. La Fiscalía de Sevilla también ha ordenado abrir una investigación para averiguar qué falló en el Juzgado de lo Penal 1 y en el 4 para que el acusado no estuviera ya en la cárcel.

Del Valle tenía desde marzo de 2006 una orden de encarcelamiento

El 31 de diciembre de 2005, la Audiencia de Sevilla hizo firme la condena de dos años y nueve meses de prisión dictada tres años antes contra Del Valle por abusar de forma continuada de su hija entre la primavera de 1998 y abril de 1999. El Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla decretó la ejecución de condena en enero de 2006, pero el abogado del acusado pidió la revocación de esta orden. Dos meses después, en marzo de 2006, el juez rechazó la petición de la defensa y dictó una orden de averiguación de domicilio y paradero, que, según fuentes jurídicas, fue enviada a la policía para que localizara a Del Valle. La policía, el Ministerio del Interior y el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, lo niegan. De hecho, no figura en las bases de datos de Policía y Guardia Civil ni orden de averiguación de paradero ni de busca y captura.

Mientras el juez supuestamente decretaba su búsqueda, el acusado y su mujer se mudaron a Gijón, donde vivía una niña de 13 años que había contactado con Santiago a través de un anuncio en la revista Telenovela. El hombre, que se había hecho pasar por una adolescente para entablar amistad, empezó a frecuentar la casa y el instituto de la chica, a la que amenazó para que mantuviera relaciones con él. La familia de la cría lo denunció, la policía le detuvo en noviembre de 2006 y un juez decretó una orden de alejamiento.

Para entonces, Del Valle contaba ya con otra condena de dos años de cárcel dictada en diciembre de 2004 por abusar de una niña en Sevilla. Al no tener antecedentes firmes, el juez le concedió una suspensión provisional de la condena durante tres años. Si en este plazo no volvía a delinquir, Del Valle se libraría de entrar en la cárcel. Los abusos a la menor de Gijón, cometidos en el plazo de esta prórroga, deberían haber supuesto su encarcelamiento inmediato, pero éste nunca se ordenó.

Lejos de amilanarse por las deudas pendientes con la justicia en Sevilla, Del Valle y su mujer volvieron a la capital andaluza después de recibir la orden de alejamiento del juez asturiano. El matrimonio se instaló en una chabola junto a un centro comercial sevillano y recurrió a la prensa para dar a conocer su situación y exigir una vivienda al Ayuntamiento. Fueron portada de periódicos locales en diciembre de 2006, pero los jueces no cayeron en que aquel hombre que suplicaba ayuda era el mismo sobre el que pendían dos condenas por abusos sexuales.

La cadena de fallos judiciales se consumó unos meses después: en abril de 2007, la Policía recibe una orden de busca y captura dictada contra Del Valle por un juez de Gijón. Nada que ver con las condenas pendientes por abusos. Esta vez, el juez le acusaba de estafa por intentar vender el piso alquilado en el que el matrimonio había vivido. La policía lo detuvo y le puso a disposición judicial. Pero el hombre quedó en libertad.

A finales de 2007, y ante la falta de respuesta a su petición de vivienda, el matrimonio se marchó a vivir a Huelva. Se alojaron en la que había sido la casa de los padres de él, en la que ahora vivía su hermana. Prueba de que no se escondían de nadie es que en los buzones de la vivienda figuran los nombres de Santiago, su esposa Isabel y los de los dos hijos que la Junta le retiró hace ocho años, tras salir a la luz los abusos sexuales cometidos contra la niña.

El último escalón de los fallos concatenados se produjo días después de la desaparición de Mari Luz: las primeras investigaciones tras la desaparición de la pequeña convirtieron a Del Valle en el principal sospechoso. La policía lo detuvo en Granada, a donde había huido con su mujer. Le interrogaron y fue puesto en libertad. En el ordenador de la policía no constaba ninguna deuda pendiente con la justicia. Y justo lo que la policía buscaba era una excusa para ponerlo a la sombra.