El presunto asesino de Mari Luz iba cada 15 días a los juzgados desde 2006

La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ha revelado en rueda de prensa que el presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortés, S.V.G., se ha estado presentando regularmente los días 1 y 15 de cada mes en un juzgado, en cumplimiento de las medidas cautelares que le impuso el juzgado de instrucción 8 de Sevilla por tocamientos a una menor en diciembre de 2006.

Su última presentación se produjo el pasado 3 de marzo en Cuenca, ciudad en la que fue detenido unos días después por su implicación en la muerte de la pequeña onubense Mari Luz Cortés. Paradójicamente, el juzgado penal 1 de Sevilla lo tenía al mismo tiempo en paradero desconocido, de forma que S.V.G. no pudo ser citado para cumplir la condena de dos años y 8 meses de cárcel por abusar sexualmente de su hija de 5 años.

En una nota de prensa, Segarra ha afirmado que el juzgado penal 1 de Sevilla incurrió en un "defectuoso control" del cumplimiento de esta condena y ha asegurado que la Fiscalía sevillana no recibió hasta el pasado 7 de marzo la notificación del juzgado sobre el paradero desconocido del acusado, por lo que inmediatamente, el 19 de marzo, solicitó que se dictase una orden de búsqueda y captura.

Estas fechas de la Fiscalía contrastan con las facilitadas por el propio juzgado, según el cual desde el 9 de octubre de 2007 la Fiscalía estaba notificada oficialmente de la desaparición del imputado.

Segarra, que ha elevado un informe al fiscal general del Estado, ha asegurado que también ha fallado el "tiempo prolongado" de dos años y ocho meses que tardó la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla en confirmar la condena por abusos contra S.V.G..

Este hombre de 43 años tiene cinco de las nueve causas judiciales abiertas contra él desde el año 2000 -cuando se creó el actual registro informatizado- relativos a delitos de abusos sexuales a menores, según han explicado a los periodistas fuentes judiciales.

Junto a la condena por abusar de su hija y otra pena de dos años por tocamientos libidinosos a una niña de 9 años, el juzgado de instrucción 8 mantiene abierta una denuncia por tocamientos a una menor efectuados el 8 de diciembre de 2006 en Sevilla, asunto en el que está pendiente de ser sometido a un examen psicológico. Además, en el año 2003 fue denunciado por un vigilante de seguridad por tocamientos a otra niña, asuntos que archivó el juzgado de instrucción 16 porque el padre de la menor acudió al juzgado y aseguró que se trató solo de un empujón, han añadido las citadas fuentes.

Los juzgados de Sevilla tienen registrada además su comparecencia, por orden de un juzgado de Gijón, para notificarle la orden de alejamiento de la niña de 13 años de dicha ciudad a la que acosó. Las restantes causas en las que aparece implicado se refieren a una denuncia por defraudación de suministro eléctrico, cuando instaló una chabola en plena calle, y otra por hurto, así como varias denuncias en las que figura como denunciante de robos y daños.

Se da la circunstancia de que S.V.G. presentó una denuncia contra la Junta de Andalucía en el año 2002 por la retirada de su hija, cuando la Administración había asumido su tutela a raíz de los abusos sexuales que sufría, asunto que fue archivado por el juzgado de Instrucción 1. Segarra ha informado a los periodistas de que el juzgado penal 4, que condenó a S.V.G. por los abusos a una niña de 9 años en el portal de su casa, le ha solicitado un informe para decidir si anula la suspensión provisional de la condena a dos años de cárcel, ya que la muerte de Mari Luz podría ser un incumplimiento de la condición de no delinquir.

"Un gravísimo, terrible y trágico error judicial"

La vicepresidenta primera del Gobierno en funciones, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado sobre este caso que hay que hacer caer "todo el peso de la ley sobre los responsables" de lo que es un "gravísimo, terrible y trágico error judicial". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega ha insistido en que se debe esclarecer lo ocurrido.

Mientras, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial, el vocal Enrique López, se ha mostrado a favor de crear "un registro de actuaciones" en los casos de abusos a menores, como elque existe en los de violencia machista.

Según el portavoz, si hubiera existido este registro, el juez que suspendió la segunda condena "a lo mejor se hubiera cuestionado" el hacerlo, ya que habría sabido que tenía procesos previos por la misma causa. López ha asegurado que este registro es "necesario y urgente", teniendo en cuenta además que este tipo de delincuentes "son reincidentes en más del 40%" de los casos. Para López, el de Mari Luz es "el típico caso desgraciado que podía haberse evitado con la mera adopción de unas medidas mínimas".

López también se ha mostrado a favor de abrir el debate y reflexionar sobre la cadena perpetua, que establecida con la obligatoriedad de juicios de revisión es "plenamente constitucional". Sobre esta cuestión, la vicepresidenta del Gobierno ha asegurado que ahora "no es prioridad".

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