El Tribunal de Cuentas investiga el contrato de los chirimbolos

El máximo órgano de vigilancia de la contratación pública, el Tribunal de Cuentas del Estado, investigará posibles irregularidades en la concesión del contrato de explotación de la publicidad exterior -los famosos 890 chirimbolos que han brotado por todo Madrid- a la Unión de empresas temporales Clear Channel-Cemusa.

Dicha firma ganó el concurso público ofreciendo 160 millones de euros, 73 millones menos que su principal competidora, la empresa Viacom. Así, el Ayuntamiento redujo sus beneficios en un 30% a pesar de señalar en la resolución del concurso que ambas propuestas eran "coherentes".

El PSOE denunció al tribunal las irregularidades de la contratación

Pero además, el pliego de condiciones, diseñado especialmente para la ocasión y mal estructurado, según los expertos consultados, no permitió que se evaluara el impacto medioambiental de las propuestas. El concurso, en el que participaron cinco candidatos, tenía tres fases: la que juzgaba la oferta económica, la comercial y el impacto medioambiental. Sin embargo, el criterio de puntuación otorgaba de forma lineal en cada fase la máxima puntuación a la mejor valorada y cero puntos a la peor. Para superar cada evaluación se requería una puntuación mínima en cada fase. Así, en la primera, tres quedaron descartadas de un plumazo. La segunda fue cosa de dos y a la tercera ya sólo llegó la virtual ganadora, que ni tuvo que someterse al examen de características ambientales.

Por todo ello, el grupo municipal socialista recurrió al Tribunal de Cuentas el pasado 15 de febrero para que investigara la concesión. Ahora el órgano ha abierto diligencias preliminares. "El contrato está lleno de irregularidades y se ha podido favorecer a una empresa por encima de otras. Además, se han perdido 73 millones de euros", denuncia el portavoz del PSOE, David Lucas. "Los indicios de trato de favor son tan graves que podemos estar ante una situación de nulidad del contrato. Con este procedimiento se ha roto el principio de transparencia e igualdad entre los licitadores y se vulnera la ley de contratos de la Administración pública", añade.

El Tribunal de Cuentas, órgano independiente constituido según la representación de los partidos en el Congreso, puede condenar o absolver al Ayuntamiento y declarar nulo el contrato de los chirimbolos si considera que se ha vulnerado la ley.

Tras conocerse las extrañas circunstancias en las que se realizó el proceso de concesión, se descubrió también (EL PAÍS, 8-11-2007) que el hijo del entonces jefe de Mobiliario Urbano, que participó en la mesa de adjudicación del contrato, trabajó durante cuatro años en Clear Channel, la empresa que resultó ganadora. En el momento de la adjudicación, el hijo del funcionario municipal ya había abandonado la firma y ése es, según el Consistorio, el motivo por el que no se infringió la ley de incompatibilidades. Pero las decisiones municipales para iniciar estos expedientes comienzan meses antes de publicarse los pliegos, y en ese periodo sí habrían estado ambos familiares a un lado y otro de la mesa.

Además, el pliego de condiciones no tuvo en cuenta la contabilidad de los concursantes, sino su volumen de facturación. Algo que pasaba por alto que Clear Channel está en números rojos.

Tras conocerse esta información, el pleno aprobó que los chirimbolos pasen por la comisión de vigilancia de la contratación.