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Barcelona se inhibe en la elaboración del plan de choque contra la sequía

El documento fija las zonas críticas donde garantizar agua si hay restricciones - La oposición acusa al Ayuntamiento de ceder funciones a una empresa privada

Lo que diga Agbar. Si la sequía obliga a hacer restricciones, el Ayuntamiento de Barcelona se limitará a trasladar las medidas previstas por Aguas de Barcelona (Agbar), la empresa privada que abastece de agua al área metropolitana. El decreto de sequía, fijado por la Generalitat, responsabiliza a los ayuntamientos de este operativo que, en Barcelona, se ha resuelto en un monólogo de la empresa. El consistorio se ha inhibido de su participación y, según afirman fuentes municipales, "ni se ha colaborado con la empresa. Este documento es cosa exclusiva de Agbar".

El consistorio barcelonés reconoce que no participó en la elaboración del plan

Los expertos y la oposición tachan de "irresponsable" la gestión municipal ante la sequía

"El Ayuntamiento, no nosotros, debe fijar los puntos urbanos sensibles", dice un empresario del ramo

El documento se envió a la ACA sin debatirlo siquiera con ningún grupo de la oposición

El plan constituye una suerte de hoja de ruta sobre el procedimiento que seguir ante la sequía, incluyendo la planificación de los cortes de agua que se deben realizar en situación de emergencia: es decir, si el volumen del sistema Ter-Llobregat decae más allá del 20%. El pasado jueves, el volumen estaba al 20,8% de su capacidad y las últimas estimaciones del director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Manuel Hernández, prevén que la línea roja se cruce en abril. Dicho plan requiere un análisis técnico de la empresa suministradora que "precisa del criterio de los consistorios", explican directivos de la ACA. Ello es necesario porque, como recoge el decreto de sequía, el documento "identifica y evalúa las zonas de mayor riesgo". Establece los puntos críticos -como hospitales o centros sanitarios- en los que debe asegurarse el suministro de agua en caso de restricciones. Lo explican técnicos de la Administración, que piden el anonimato para tachar de "irresponsable" la actuación del consistorio barcelonés. Porque la responsabilidad del plan, añade la ACA, "es sólo del Ayuntamiento".

Que el Consistorio se inhiba en este caso podría originar desajustes en las restricciones. En el peor de los casos, por ejemplo, podría cortarse el agua a un centro sanitario porque Agbar no tuviera información de sus necesidades -dato que la empresa no está obligada a conocer-. Los expertos consultados tachan de "insólita" la fe ciega municipal en la empresa privada. "Esta decisión no puede dejarse en manos de las empresas", admite el directivo de una firma suministradora que gestionó su propio plan codo a codo con el ayuntamiento pertinente. "Las empresas no somos nadie para decidir qué puntos del municipio son críticos y cuáles no", añade. Otro experto, técnico de la Generalitat, incide en sus dudas sobre el criterio privado: "La empresa conoce los puntos de distribución, pero no las necesidades de la ciudad. El Ayuntamiento no puede asumir planes dictados por una empresa que, además, no dispone de todos los conocimientos necesarios para ello".

El Ayuntamiento admite sin ambages que asumió un documento ajeno. Incluso se negó a remitir el plan a este diario amparándose en la autoría de la compañía: "El plan no es nuestro, pertenece sólo a Agbar, que tiene los conocimientos técnicos pertinentes", insiste un portavoz municipal. Los sellos y membretes del documento, sin embargo, pertenecen al servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento, cuya responsable es Imma Mayol (ICV). Este diario ha intentado, sin éxito, preguntarle al respecto.

Este departamento envió el plan contra la sequía a la ACA sin siquiera debatirlo con la oposición, que critica la dejación de funciones del Ayuntamiento. "No tocaron ni una coma. Nos han dejado en manos de Agbar", protesta la portavoz de Medio Ambiente del PP, Emma Balseiro. Los otros grupos también lamentan que un asunto "tan delicado" lo decida una empresa privada. "Ni nos han pedido la opinión", dice el portavoz de CiU, Joan Puigdoller. "No puedo decirle nada a Agbar sobre aspectos técnicos, pero debo exigirle que haga restricciones equilibradas para los ciudadanos", razona Puigdoller, que ahonda en la incapacidad municipal. "No tienen criterio y aceptan el informe tal como llega". "Lo lógico era estudiar el informe. Aún no nos han convocado", remacha el vicepresidente de la comisión de Medio Ambiente, Xavier Forense (ERC).

La petición de debatir el plan fue desatendida por Mayol. El documento, de más de 100 páginas, se presentó a la oposición en la comisión de sostenibilidad de enero. Los partidos reclamaron más tiempo para estudiarlo, a lo que Mayol accedió. En la siguiente reunión, a mediados de febrero, el análisis del plan se había caído del orden del día. Mayol atribuyó la ausencia a "un malentendido", explica la oposición. Aún no se ha fijado una fecha para enmendar el desliz pero, entre tanto, el documento se envió íntegro a la ACA.

El resto de municipios afectados ha sido más exigente. "Nuestro plan ha sido totalmente consensuado con Agbar", asegura el asesor de Medio Ambiente de L'Hospitalet, Manuel de Zarobe, que describe las aportaciones hechas por el consistorio como "esenciales para garantizar las necesidades de los ciudadanos". Lo mismo señala el concejal de Medio Ambiente de Girona, Enric Pardo. "Se elaboró de forma interactiva con la empresa". En Terrassa, el plan lo realizó directamente el departamento medioambiental del Ayuntamiento. ¿Por qué no se dejó en manos de una empresa con mayores conocimientos técnicos? "No, hombre, no", replica tajante Màrius Massallé, concejal egarense de Medio Ambiente. "El Ayuntamiento necesitaba aportar puntos clave sobre las necesidades de la ciudad", explica. El consistorio barcelonés defiende que el plan es "sólo una obligación" ante el requerimiento de la ACA. La oposición lo considera más "una necesidad" que un compromiso. "Estaría bien saber lo que dicen que hemos de hacer", ironiza Puigdoller.

El pasado octubre, la Generalitat ya reprendió a Agbar por anunciar obras en el puerto barcelonés para recibir barcos cargados con agua del Ebro. El entonces director de la ACA, Jaime Solà, recordó a Agbar que "los asuntos de interés público no los deciden los empresarios".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 25 de marzo de 2008