El PSOE rehúye hablar del derecho a morir

Los políticos y la Iglesia Católica no se ponen de acuerdo con la sociedad civil sobre la eutanasia, penalizada con cárcel en el artículo 143 del Código Penal. En el programa electoral de 2004, el PSOE se comprometía a crear una comisión parlamentaria para debatir "el derecho a la eutanasia" y su despenalización. Cuatro años después, tras una legislatura marcada por las ruidosas protestas de los obispos contra las medidas sociales del Gobierno, los socialistas han eliminado la eutanasia de su programa, en el que sólo hablan de un futuro plan general que aborde los cuidados paliativos.

Durante los cuatro años que ha gobernado, el PSOE no sólo no creó la comisión, sino que rechazó hasta siete interpelaciones sobre la despenalización de la eutanasia. En el Ejecutivo, las opiniones no siempre han sido coincidentes. El ministro de Trabajo en funciones, Jesús Caldera, aseguró en diciembre que "en materia de eutanasia está resuelta la situación, no tiene que haber cambios, no es necesaria una ley". Sin embargo, su compañero Bernat Soria, titular de Sanidad, declaró poco antes de las elecciones: "En esta legislatura no tengo tiempo, pero la eutanasia es una asignatura pendiente (...) Es un tema que debe plantearse la sociedad".

Pero la sociedad sí parece tener las ideas claras. El 72% de los jóvenes de 15 a 29 años declaraba en una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de 2001 que estaba a favor de ayudar a morir al enfermo incurable que lo solicita. Y la mayoría de los españoles señalaba, en otra consulta del CIS, que los enfermos terminales que conservan sus facultades mentales tienen derecho a decidir sobre el fin de su vida.

Mientras tanto, los casos individuales sacuden cada cierto tiempo a la sociedad y reabren el debate. En 2006, el Comité Consultivo de Bioética de Cataluña hizo público un informe en el que pedía que se despenalizara la eutanasia y la ayuda al suicidio en el caso de pacientes terminales o que sufren una enfermedad incurable que les causa un grave sufrimiento. Siempre a solicitud del enfermo y bajo un estricto control del proceso.