Despedidos tres colaboradores del ex concejal corrupto de Palma

La "pérdida de confianza" a raíz del escándalo del ex concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Palma de Mallorca Javier Rodrigo de Santos, del PP, imputado por la fiscalía por malversar 50.804 euros de fondos públicos, ha provocado tres despidos en el consistorio: el de la secretaria del presidente de la Empresa Municipal de Obras de Palma (Emop), el del asesor jurídico y el de la economista.

Al frente de esta entidad estuvo entre 2003 y 2007 Javier Rodrigo de Santos, que gastó dinero público en prostíbulos gay, en más de cien servicios que pagó con la tarjeta visa de la compañía Emop, en 2006 y 2007.

Emop gestionó en 2007, con autonomía y sin presencia de la oposición en el consejo de administración, una partida de 104 millones de euros, la mayoría destinada al proyecto de urbanización de la fachada marítima y el Palacio de Congresos, así como a inversiones de centros culturales y equipamientos deportivos en barriadas.

La plantilla laboral de Emop era de una decena de personas, todos de la estricta confianza del ex edil, afín a los activistas ultracatólicos. La juez instructora, Ana Sanjosé, ha citado a De Santos para el próximo 11 de abril. Ante ella efectuará su primera declaración en el caso. El ex concejal se negó a hacerlo ante la Fiscalía.

De 6 a 8 años de cárcel

Anticorrupción señala un agravante penal del delito de malversación continuada de caudales públicos, con una posible pena de entre 6 y 8 años de prisión. "Los fondos malversados suponen más del 41% del capital social de Emop (120.000 euros) y con esa cantidad se puede pagar durante dos años el personal administrativo de la empresa", afirma la Fiscalía.

De Santos retornó los 50.804 euros tras ser imputado y se dio de baja del Partido Popular. En esta formación fue coordinador de la campaña electoral de Jaume Matas en 2003. El portavoz del PP balear, Miquel Ramis, ha declarado en Ib3 radio que De Santos "es indefendible". Ramis, que fue consejero de Medio Ambiente cuando Matas presidió el Gobierno de Baleares, no dudó en retirarle al ex concejal la condición de presunto corrupto "porque al devolver el dinero asumió la imputación". "No seré yo quien defienda a este señor", afirmó.