Margen de maniobra

Hacer frente a la desaceleración económica será la más importante de las prioridades del nuevo Gobierno, según ha admitido su futuro presidente. No le faltan razones: los efectos de la crisis financiera desencadenada en EE UU son ya suficientemente explícitos en una economía como la española, cuyo comportamiento en el pasado reciente ha compartido con aquélla algunos denominadores comunes. Los más importantes son la intensidad de la activad inmobiliaria, incluido un elevado ritmo de crecimiento de los precios de los correspondientes activos, la excepcional expansión de la financiación hipotecaria a familias y empresas y, no menos importante ni ajeno a lo anterior, una gran dependencia del crédito exterior, reflejada en un abultado déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente.

"La economía española cuenta con capacidad de maniobra para neutralizar las consecuencias de la desaceleración"

Frente a esos denominadores comunes, la economía española presenta algunas significativas y favorables diferencias, que podrían traducirse en una mayor y más eficaz capacidad de maniobra para neutralizar las más adversas consecuencias de la desaceleración. La salud de su sistema bancario es una de ellas: los ratios de morosidad, aunque crecientes, están en niveles históricamente bajos y no es previsible se aproximen a los estadounidenses; la cuantía de las provisiones, por su parte, es igualmente importante.

Otra diferencia entre ambas economías, muy relevante en la disposición de ese margen de maniobra de las autoridades, se encuentra en la posición favorable de las finanzas públicas españolas. A diferencia de aquella economía la nuestra dispone de uno de los superávit públicos más elevados de la OCDE. Frente a ello la otra gran política de demanda, la monetaria, no ofrece margen de maniobra: es el BCE el que formula para el conjunto de la eurozona la política monetaria, y no parece estar dispuesto a que su orientación se aproxime a la estadounidense, decidida a seguir reduciendo sus tipos de interés a pesar de la intensa depreciación del dólar.

El tercer factor favorable al nuevo Gobierno es un apoyo parlamentario superior al precedente y, no menos importante, su disposición a la concertación con el resto de los partidos y con las organizaciones sindicales y empresariales.

Sobre bases tales (sistema bancario sano, finanzas públicas saneadas, mayor capacidad para concertar políticas) cabe plantearse cuáles han de ser las decisiones que puede y debe adoptar el nuevo Gobierno para satisfacer ese objetivo prioritario de neutralización de la caída de la actividad y del empleo y compatibilizarlo con la continuidad de la convergencia real.

La anticipación de los programas de inversión pública es probablemente la más evidente. Junto a la ya anunciada ejecución del Plan de Infraestructuras y la construcción de 150.000 viviendas de protección oficial, habría que sugerir la anticipación de decisiones de inversión en otras áreas en las que es igual o más necesario el fortalecimiento del stock de capital público. El objetivo de compensación de la desaceleración es compatible con el que de forma permanente ha de orientar la acción política: la continuidad en la convergencia real, el aumento del PIB por habitante. La mayor intensidad de capital humano y de capital tecnológico permitiría, en primer lugar, aproximar la economía española a las más competitivas, más intensivas en esas dotaciones de conocimiento que determinan el crecimiento sostenido de la productividad. Además facilitaría la satisfacción de esa otra prioridad manifestada, aumentar el empleo de las mujeres, revistiéndolo de mayor cualificación. La disposición de mejor capital humano, de mejores habilidades de los que trabajan es la forma más eficaz de avanzar en la igualdad de oportunidades.

La coexistencia de la inversión pública selectiva con actuaciones tendentes a mejorar la eficiencia en el funcionamiento de la economía, su modernización, en un clima de concertación, tendría la virtud de fortalecer la capacidad de financiación exterior de la economía, su diversificación, a través de un mayor peso de la inversión extranjera directa. La confianza de los agentes económicos, dentro y fuera de nuestro país, puede verse efectivamente fortalecida si las decisiones públicas, las de inversión, pero también las de mejora de la calidad institucional (algunas de ellas sin gran esfuerzo presupuestario), se encuentran inmersas en un plan de modernización económica. Es perfectamente compatible con la prioridad de neutralización de la desaceleración y existe margen de maniobra.