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Reportaje:

Un ultracatólico arrepentido

El ex concejal de Palma que malversó 50.804 euros en prostíbulos devuelve el dinero y pide perdón - El PP balear se confiesa "horrorizado" del escándalo

El PP de Baleares se confiesa "horrorizado" por "el escándalo monumental" desencadenado por la imputación por presunta corrupción del ex teniente de alcalde de Palma Javier Rodrigo de Santos, de 42 años, que gastó 50.804 euros de fondos públicos en prostíbulos y centros de relax. De Santos, padre de cinco hijos, es un activista ultracatólico que, como concejal, rechazó celebrar bodas homosexuales, participó en las concentraciones con el Papa en Valencia en 2006 -donde se retrató con el obispo de Mallorca- y llevó en procesión el paso de la Virgen del Remei en El Molinar.

De Santos asumió ayer las circunstancias del supuesto delito de malversación continuada de caudales públicos que le imputa la Fiscalía Anticorrupción y devolvió al Ayuntamiento de Palma la misma cantidad que malversó. En un burofax se excusó en "un error" y en "circunstancias de salud". Es un personaje de peso que tuvo mucho poder en Baleares y en el PP. Su carrera política y funcionarial tuvo su salto cualitativo en 1997, cuando la ex ministra de Sanidad y mano derecha de Mariano Rajoy, Ana Pastor, dirigía la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, MUFACE. Pastor lo nombró delegado en Baleares y después fue director territorial del Insalud.

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"Es el momento más difícil del PP", confesó la líder del PP balear Rosa Estarás en la autonómica IB3. Estarás contextualizó el caso De Santos en la pérdida de elecciones y la crisis de la dirección nacional y balear. El imputado abandonó ayer Palma rumbo a Madrid. En el aeropuerto, a preguntas de la Cadena SER pidió perdón y reclamó "que se luche contra la droga". El jueves, ante sus colegas de la delegación de Hacienda, quiso explicarse entre sollozos. Ayer fue destituido como secretario general de esa delegación y rebajado a un puesto base debido a la gravedad del delito aunque fuentes de su entorno aseguraron que pedirá una baja médica en los próximos días.

Entre 2006 y 2007, De Santos cargó "gastos personales y particulares" a la cuenta de la tarjeta de crédito de la de la Empresa Municipal de Obras de Palma (Emop) que presidía. Recogió notas y recibos y maquilló los dispendios bajo conceptos de "consulting de relaciones públicas y asesoramiento de imagen" para evitar "la verdadera naturaleza del gasto" ante la intervención, relata el fiscal. En ocasiones, los servicios que contrataba en clubes sexuales aparecían facturados desde las terminales de una lavandería, la tapadera de una sala de masajes de Palma. Dinero gastado "en servicios y compras que, en absoluto, revertían en beneficio de la administración" y que eran sólo particulares, recalca la querella, que detalla más de un centenar de cargos efectuados con la Visa plata que De Santos tenía asignada.

"El querellado obtuvo un importante lucro", señala la fiscalía, porque imputó a la Administración gastos que "rebasaban ampliamente los usos autorizados". Entre enero de 2006 y junio de 2007, De Santos, ex coordinador de la campaña de Jaume Matas en 2003, efectuó hasta 118 consumiciones en una sola casa de contactos para gays, donde llegó a abonar más de 45.000 euros. En sólo una noche se gastó 1.450 euros. Frecuentó otros clubes sexuales de la capital balear y de Madrid de madrugada. Contrató servicios y consumiciones hasta tres veces el mismo día y visitó un establecimiento tres días por semana, según el rastro de la tarjeta. "Están comprobados los cargos con los titulares de las casas y su identidad en quienes le atendían. Recogía las notas y las entregaba", señaló un investigador. "Existen numerosos gastos pendientes de identificar y analizar", relata la querella.

"Salía de madrugada porque decía que revisaba las obras sin ser reconocido", señalaron en su entorno. Desde su ámbito se indica que era adicto las drogas, un enfermo, para construir un argumento atenuante. Anticorrupción ponderó la conveniencia de su detención y la descartó. Reclamó una fianza de 70.000 euros, el embargo de los bienes y que la juez cite "de inmediato" al acusado.

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