Jueces y abogados esperan con dudas su desembarco en la Ciudad Judicial

No es la sede de la policía de Los Ángeles. Ni el centro financiero de Nueva York. Es la Ciudad de la Justicia, en el difuso limes entre Barcelona y L'Hospitalet. A la espera de que la línea 9, que anda con retraso, llegue a la puerta de los juzgados, la parada de metro más cercana es Santa Eulàlia, de la línea roja. Al salir de las fauces del suburbano, se llega a un barrio vivo, de gente humilde y restaurantes de menú. A paso normal, se tardan unos seis minutos en arribar a la Ciudad de la Justicia.

La zona todavía está en obras y por eso ofrece, a ras de suelo, un aspecto desarraigado. Los tres edificios que acogerán los juzgados civiles, penales y de instrucción y familia de Barcelona -137 órganos en total- parecen entes extraños en una ciudad poco dada a las alturas. El panorama es distinto desde la décima planta de las torres Cerdà, donde se coordina el proyecto. Los bloques aparecen a esa altura como inmensas colmenas con minúsculas celdas (las ventanas) en las que se adivina el trasiego futuro.

Hace unos días, los juzgados de L'Hospitalet echaron a andar en medio de la polémica. Los jueces de esa ciudad lamentan las "malas condiciones" del traslado y de parte de la instalación, mientras que el director general de la Ciudad de la Justicia, Josep Vilarreal, dice estar "satisfecho" y asegura que el resultado ha sido "excelente". "Estamos creando las mejores condiciones para el ciudadano, y eso es lo que nos interesa", insiste.

El gran reto, de todas formas, llegará a finales de 2008 o principios de 2009. Para esa fecha tan inconcreta está previsto comenzar el traslado de los juzgados de Barcelona. "Me horroriza pensar que se va a seguir el modelo de L'Hospitalet", sostiene la juez decana de Barcelona, Maria Sanahuja, que teme ver empeoradas las condiciones de trabajo de los jueces por la "falta de planificación".

Además de los jueces, los abogados también dudan sobre el desarrollo del proyecto. "No sé hasta qué punto el diseño actual va a ser suficiente para futuras ampliaciones", se pregunta Mercedes Cora, responsable de relaciones con la Justicia del Colegio de Abogados de Barcelona.

- El traslado. Las obras deben entregarse en mayo. Pero las fechas del traslado aún no están claras. Vilarreal, en todo caso, propondrá "un calendario por jurisdicciones al conjunto de operadores" y se compromete a "tener mucho cuidado en el traslado de los juzgados de guardia". En un plano más general, Cora asegura que el proyecto arquitectónico "tiene una buena distribución", pero se pregunta si no hubiera sido posible "hacer un esfuerzo por unir todas las jurisdicciones".

- La movilidad. El transporte ha sido uno de los asuntos conflictivos. Cada día pasarán por la Ciudad de la Justicia 15.000 usuarios -10.000 visitantes, 2.500 trabajadores y otros 2.500 trabajadores de oficinas y comercios. O sea, 30.000 desplazamientos diarios. Sanahuja cuestiona que el transporte público, sin la línea 9 preparada, sea "suficiente". Cora, por su parte, señala que los abogados suelen desplazarse en moto y que hay "pocas plazas de aparcamiento". En total, habrá 270 plazas en superficie y el resto, hasta cerca de 750, en el subsuelo. Todas, de pago. Vilarreal opina que el metro no es un ya problema, porque los funcionaros de L'Hospitalet "han comprobado que está cerca, a seis minutos".

- La ubicación. Los profesionales y la Generalitat tratan de ponerse de acuerdo. Así, la dirección se compromete a retirar algunos elementos no esenciales de la planta baja para destinar más espacio a los juzgados de guardia. "Hay cosas que no podemos sacar, como el soporte informático y la documentación", matiza Vilarreal. La juez decana admite "avances" en este punto, como las salas de espera separadas para víctima y agresor. Aun así, critica que puede haber retrasos en los juzgados de primera instancia, porque los funcionarios están "dispersos en varias plantas".

- El mostrador. Los abogados lamentan que, al contrario de lo que ocurre ahora, deberán pasar por el filtro de un funcionario para acceder a los expedientes. Reclaman, al menos, que el funcionario "sea ágil y acceda cuanto antes a la petición". El director general garantiza que el mostrador "no se concibe como una barrera" y que si "un juez quiere hablar con un abogado, lo hará igualmente". Cora cree también que los abogados "deben tener preferencias" y por eso no ve con buenos ojos una ventanilla única para profesionales y ciudadanos. Vilarreal replica que el ciudadano se informará de sus asuntos a través de una Oficina de Atención al Consumidor.

- Modelo y recursos. Sanahuja opina que Justicia ha diseñado el proyecto "de espaldas a los jueces", sin diálogo y sin un modelo organizativo claro. Por eso votó en contra de un acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que prevé crear un servicio común procesal para Hospitalet y un ensayo para la implantación, en el futuro, de la nueva Oficina Judicial, un modelo organizativo que Sanahuja cree "improvisado" y falto de recursos. Sanahuja reclama instalar videoconferencias en cada sala de vista y más recursos informáticos. Vilarreal asegura que la Ciudad de la Justicia está "preparada con todas las tecnologías TIC para que funcione con cualquier cambio de organización".