El plan de casas para alumnos de la ministra Trujillo, en punto muerto

La ex ministra de Vivienda María Antonia Trujillo se fotografió el 24 de abril del año pasado con los rectores de la Universitat de València y de la Jaume I de Castellón con motivo de la firma de los convenios de pisos para universitarios. Trujillo declaró que el Gobierno destinaría 11 millones a construir 550 apartamentos entre los dos campus para estudiantes, que pagarían un alquiler que oscilaría entre los 75 y los 200 euros. A estas horas, el plan está paralizado y sin perspectivas de arrancar a corto o medio plazo.

El bloqueo responde a varias causas. La primera es que lo que se firmó en 2007 fue un protocolo de intenciones. La segunda, que exigía la cooperación de la Generalitat y de los Ayuntamientos de Valencia, Castellón y Paterna. Las tres primeras instituciones, gobernadas por el PP, boicotearon el acto. La cuarta pasó pocos meses después a manos del mismo partido.

A la vuelta del verano, Consell y ministerio retomaron las conversaciones y alcanzaron un principio de acuerdo. Pero seis meses después hay una serie de cuestiones que siguen en el aire. No se sabe, por ejemplo, si los pisos para universitarios tendrán que acogerse a la ley de arrendamientos urbanos (que no permite la limitación obligatoria del periodo de alquiler, cinco o seis años, equivalente al tiempo que suele costar finalizar una carrera, prevista en el plan de Trujillo). Ni si la aportación prometida por el Gobierno formaba parte del presupuesto general para viviendas protegidas o era una partida aparte. El Ayuntamiento de Castellón tampoco ha dado ningún paso para recalificar el terreno de la universidad, que hoy es dotacional educativo y que debería ser declarado urbanizable.

La Jaume I tenía pensado construir 300 pisos dentro del campus de Riu Sec. Para financiarlos se planteó la fórmula de la concesión administrativa (una empresa corre con los gastos de edificación y se resarce de la inversión con el beneficio de los alquileres). La restricción de la financiación que se ha producido desde la firma del protocolo y los bajos arrendamientos que están obligados a cobrar ha llevado a las dos compañías con las que ha contactado la Jaume I a rechazar la propuesta.

La idea de la Universitat de València consistía en construir pisos en el entorno del campus de Burjassot, en unos terrenos del término de Paterna. Las negociaciones, indica el vicerrector de Infraestructuras, Aurelio Beltrán, van por buen camino y existe "una buena disposición" por parte de las tres administraciones implicadas. Pero eso no significa que la cosa vaya a ir rápida. Para empezar, porque la parcela en la que están proyectados es propiedad de la Universitat, del Ayuntamiento y de varios particulares.

La Universitat barajó incluir en el plan de Trujillo el Colegio Mayor Lluís Vives, que está situado en la avenida de Blasco Ibáñez y necesita ser rehabilitado. Queda por saber si el Gobierno aceptará destinar parte de su ayuda para pisos a una residencia de estudiantes.

Así las cosas, las únicas obras de la Universitat que tienen fecha de inicio son las de 400 apartamentos en el campus de Tarongers, que contarán con un 30% de zonas comunes (lavandería, cafetería, zona de estudios) y cuyo alquiler será de 200 a 400 euros en función de si se incluye en el plan del ministerio. Si todo va bien, empezarán en junio y estarán terminadas para el curso 2009-2010.